La Legislatura porteña aprobó una reforma del Código Contravencional presentada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que endurece las penas contra los cuidacoches ilegales y limpiavidrios. La nueva norma, identificada como Ley 6961, incorpora la posibilidad de aplicar días de detención efectiva y aumenta las sanciones para quienes organicen, promuevan o participen de estas actividades en la vía pública.
La iniciativa fue aprobada por mayoría, con 36 votos positivos, luego de un acuerdo con legisladores de diferentes espacios políticos. A partir de esta modificación, el Gobierno de la Ciudad tendrá mayores herramientas para intervenir frente a estas prácticas, especialmente en zonas cercanas a eventos masivos.
“Lo dije desde el primer día: los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero”, expresó Jorge Macri tras la sanción de la ley.
Desde el inicio de su gestión, el jefe de Gobierno había instruido a la Policía de la Ciudad para reforzar los controles contra trapitos en espectáculos, recitales y eventos deportivos. Según los datos oficiales, entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se labraron 13.149 contravenciones vinculadas a esta actividad.
Sin embargo, desde el Ejecutivo porteño consideraron que las multas no resultaban suficientes. “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”, había señalado Macri al presentar el proyecto que finalmente fue aprobado.
Hasta ahora, cuidar autos o limpiar parabrisas sin autorización era sancionado principalmente con multas, muchas veces difíciles de cobrar. Con la nueva legislación, la conducta seguirá siendo considerada una contravención, pero tendrá castigos más severos.
Las penas dependerán de la gravedad del caso, del contexto en el que ocurra la infracción y de si existe una organización detrás de la actividad.
En el caso de los eventos masivos, cuando se compruebe la participación de una estructura previa o de una banda organizada, las penas podrán ir de 20 a 50 días de detención.
Para quienes cuiden vehículos de manera ilegal en calles u otros espacios de la Ciudad, se establece una sanción de entre 10 y 30 días de arresto.
Los jefes, promotores u organizadores de estas actividades podrán recibir penas de hasta 60 días de detención.
La norma también agrava las sanciones cuando existan situaciones de intimidación, violencia, acoso o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor. En esos casos, las penas podrán duplicarse. El texto aprobado establece que, cuando la conducta se base en desigualdad de género o se realice con intimidación, persistencia o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, la sanción será elevada al doble.
Además, se incrementan los días de trabajo comunitario o tareas de utilidad pública que pueden aplicarse como pena. Antes iban de 2 días, mientras que ahora podrán extenderse de 20 a 45 días.
Las multas económicas también tendrán un aumento considerable. Los montos, que anteriormente iban de $50.000 a $285.000, pasarán a calcularse entre 1.200 y 7.000 unidades fijas, con un piso aproximado de $1.139.988.
Otro punto de la ley establece que quienes actúen de manera organizada en eventos masivos podrán quedar inhabilitados por hasta dos años para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios otorgados por el Estado porteño.
El control en torno a los eventos será más amplio. La prohibición ya no se aplicará solamente en espectáculos deportivos o artísticos masivos, sino en cualquier tipo de evento que se realice dentro de la Ciudad.
También se amplía el radio de intervención. El área alcanzada por los controles llegará hasta 50 cuadras alrededor del lugar donde se desarrolle la actividad.
La cobertura horaria, además, será mayor. Hasta ahora los controles comenzaban tres horas antes del evento y terminaban dos horas después. Con la nueva ley, la prohibición regirá desde seis horas antes del inicio y hasta tres horas posteriores a su finalización.
La norma también apunta a clubes, instituciones y organizadores de eventos. Si se comprueba que integrantes de una entidad participan directa o indirectamente en la actividad ilegal, el Gobierno porteño podrá aplicar sanciones económicas y clausuras.
En ese sentido, las multas para las instituciones se duplican: pasarán de 10.000 a 20.000 unidades fijas, lo que equivale aproximadamente a un aumento de $10 millones a $20 millones.
Además, las clausuras podrán extenderse hasta 90 días, cuando antes el plazo máximo previsto era de 30 días.
Con esta reforma, el Gobierno de la Ciudad busca reforzar el control del espacio público, desarticular organizaciones vinculadas a la actividad ilegal de trapitos y limpiavidrios, y brindar mayor protección a los vecinos frente a situaciones de extorsión o intimidación.
