El debate sobre los proyectos de Ejecución de Pena y la creación del Servicio Penitenciario (SP) de la Ciudad de Buenos Aires ingresó en su etapa definitoria en la Legislatura porteña. Tras más de veinte reuniones de trabajo, el oficialismo se encamina a lograr su primer avance con la firma del dictamen que permitirá que ambas iniciativas lleguen al recinto en la próxima sesión.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry —legisladora de la Unión Cívica Radical–Evolución— confirmó a Ámbito que el martes a las 11 está previsto un plenario en el que se buscará rubricar el texto referido al SP. Ese paso habilitaría a trasladar el debate al pleno de la Legislatura para su votación.
Desde el ingreso del proyecto —impulsado por el Ejecutivo porteño— al Palacio Legislativo, se realizaron numerosos encuentros con representantes de distintos sectores. Participaron miembros del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de la Procuración General, jueces, abogados, organizaciones de la sociedad civil, exdetenidos y familiares de víctimas, entre otros actores relevantes.
A lo largo de esas reuniones se discutieron los alcances de la ley de Ejecución de Pena y la creación de la nueva fuerza penitenciaria, que tendrá a su cargo el traslado, la custodia de personas privadas de libertad y la supervisión de los establecimientos. El proyecto para conformar el Servicio Penitenciario incluye además la creación de un Instituto o Agencia encargado de monitorear el Plan de Vida de los detenidos, es decir, el acompañamiento destinado a favorecer la reinserción social.
Si bien persisten diferencias entre los bloques —como la definición del ministerio al que estará adscripto el SP o la posibilidad de habilitar la gestión privada de centros de detención—, existe un consenso mayoritario: la mayoría de las fuerzas políticas coincide en la necesidad de que la Ciudad cuente con un sistema penitenciario propio, desvinculado del ámbito nacional.
En cuanto al proyecto relacionado con la ejecución de las sentencias, la semana pasada se firmó el dictamen de mayoría sobre el texto impulsado por el oficialismo, con el respaldo de legisladores del PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo. En cambio, los bloques del peronismo, La Libertad Avanza y Confianza Pública decidieron no acompañar la iniciativa.
