El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó este viernes con la demolición de una edificación ilegal detectada en el sector de Saldías, dentro del Barrio 31 de Retiro, en el marco de un operativo orientado a frenar nuevas construcciones clandestinas y fortalecer el control urbano en la zona. La estructura había comenzado a levantarse durante la madrugada para evitar inspecciones oficiales y, según indicaron desde el Ejecutivo porteño, violaba de manera directa las normativas vigentes sobre urbanización y planificación territorial.
Tras el procedimiento, las autoridades confirmaron que el terreno recuperado será destinado a la instalación de un destacamento policial, con el objetivo de reforzar la presencia de fuerzas de seguridad dentro del barrio y consolidar las tareas de control territorial impulsadas por la actual gestión.
La construcción ilegal había sido detectada durante los últimos días en el área de Saldías y, de acuerdo con la información oficial, avanzaba mediante maniobras clandestinas destinadas a burlar los controles policiales y administrativos. Según explicaron desde el Gobierno porteño, los materiales eran ingresados durante la noche y distribuidos de manera irregular para acelerar la obra y evitar su interrupción.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, respaldó públicamente la intervención y aseguró que la Ciudad mantendrá una política estricta respecto de las construcciones no autorizadas dentro del Barrio 31.
“Creían que construyendo de noche no los íbamos a detectar. Se equivocaron. La demolimos y allí vamos a instalar un destacamento policial. Está prohibida toda nueva construcción en la villa. Ley y orden”, expresó el mandatario porteño al referirse al operativo.
La intervención se apoyó en la aplicación de la Ley 6.129 de Urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica, normativa que regula el desarrollo urbano del Barrio 31 y establece límites específicos para nuevas construcciones, ampliaciones y modificaciones dentro del asentamiento.
La legislación prohíbe expresamente el crecimiento urbano descontrolado y dispone que cualquier obra debe ajustarse a criterios de habitabilidad, seguridad estructural, zonificación y planificación equivalentes a los exigidos en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Gobierno local remarcaron que las edificaciones realizadas fuera de ese marco legal representan riesgos tanto urbanísticos como de seguridad.
En paralelo, las autoridades señalaron que la construcción clandestina detectada formaba parte de una modalidad cada vez más frecuente, donde materiales y estructuras son ingresados durante horarios nocturnos para evitar controles oficiales. Frente a esta situación, la Ciudad decidió reforzar las medidas de fiscalización dentro del barrio.
Como parte de esa estrategia, previamente fueron clausurados cinco corralones clandestinos que operaban dentro de la Villa 31 y que, según indicaron fuentes oficiales, funcionaban como centros de acopio y distribución de materiales destinados a edificaciones ilegales.
Aquellos operativos incluyeron además detenciones y el secuestro de toneladas de insumos de construcción. Las autoridades explicaron que el objetivo es impedir la expansión de obras informales que se desarrollan sin controles técnicos ni autorización estatal.
Además, se implementaron nuevas medidas de seguridad en distintos accesos al barrio. Entre ellas, la colocación de bolardos y retenes policiales permanentes destinados a bloquear el ingreso no autorizado de camiones de gran porte utilizados para transportar materiales de construcción durante la noche.
Las tareas de demolición y remoción de escombros estuvieron a cargo de una empresa contratista dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Barrio Padre Carlos Mugica. El procedimiento fue coordinado junto con personal del área de Fiscalización de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña, que montaron un operativo de seguridad para resguardar el perímetro mientras se desarrollaban los trabajos.
Desde el Ejecutivo porteño explicaron que la intervención se inscribe dentro de un plan integral de ordenamiento urbano y control territorial que viene desarrollándose en la Villa 31 a través del Ministerio de Seguridad y de la Agencia Gubernamental de Control.
La demolición adquiere además un significado particular porque se convirtió en la primera intervención de este tipo realizada después del operativo “Tormenta Negra”, desplegado el pasado 14 de mayo en distintos asentamientos porteños. Aquella acción involucró a más de 1.500 efectivos y culminó con 27 personas detenidas, además del desmantelamiento de cinco búnkers vinculados al narcotráfico.
Desde el Gobierno de la Ciudad remarcan que el objetivo de estas acciones es avanzar hacia una integración urbana más ordenada y garantizar que las normas vigentes se apliquen de igual manera en todos los barrios porteños.
La Villa 31 —también conocida como Barrio Padre Carlos Mugica— está ubicada frente al área de Retiro y ocupa aproximadamente 72 hectáreas, donde viven cerca de 45 mil personas. En los últimos años, el barrio atravesó distintos procesos de urbanización, mejoras de infraestructura y obras de integración social impulsadas por sucesivas gestiones porteñas.
Dentro de las acciones destacadas por la actual administración aparece la erradicación de la feria ilegal instalada sobre la calle Perette, donde —según indicaron las autoridades— se comercializaban productos robados y mercadería de origen irregular.
También se desarrollaron operativos para despejar veredas ocupadas por carros, chatarra y estructuras precarias utilizadas como depósitos o extensiones de viviendas particulares. A eso se sumó la remoción de un lavadero de autos que obstruía la circulación y el desalojo de una gomería montada dentro de un colectivo abandonado sobre la vía pública.
Desde el Ejecutivo porteño sostienen que el plan de ordenamiento busca fortalecer la integración urbana y consolidar un esquema donde “las mismas reglas rijan para todos los vecinos de la Ciudad”. En ese sentido, remarcan que los controles no se limitan únicamente a la Villa 31, sino que forman parte de operativos más amplios desarrollados en distintos puntos de Buenos Aires.
Las autoridades señalaron que las tareas incluyen procedimientos de limpieza urbana, retiro de vehículos abandonados, inspecciones comerciales y operativos de seguridad en estaciones de subte, zonas de alta circulación y otros sectores considerados conflictivos.
Con la demolición de esta nueva estructura clandestina y el anuncio de un destacamento policial en el terreno recuperado, el Gobierno porteño busca enviar una señal de endurecimiento frente a las construcciones ilegales y reforzar la presencia estatal dentro del Barrio 31, combinando políticas de urbanización, fiscalización y seguridad en una de las zonas más complejas de la Ciudad.
