El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un nuevo criterio de atención en sus servicios públicos: quienes residan en la Ciudad tendrán prioridad al momento de solicitar turnos, vacantes, cupos u otros trámites administrativos. La medida fue formalizada mediante el decreto N°142-26, impulsado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, y amplía el alcance de la política conocida como “Prioridad Porteña”.
Esta decisión extiende una línea de acción que ya se venía aplicando desde marzo de 2025 en el sistema de salud pública, donde se priorizaba la atención de los residentes en la red hospitalaria. Con la nueva normativa, el criterio se incorpora a todas las áreas de la administración pública local, abarcando diferentes servicios y gestiones cotidianas.
El objetivo principal es ordenar la demanda y reconocer a quienes viven y tributan en la Ciudad, estableciendo un esquema de atención que prioriza a los vecinos sin eliminar el acceso para otras personas. Es decir, no se trata de una exclusión, sino de una organización en el orden de atención dentro de los servicios administrativos.
La medida también establece límites claros para garantizar la equidad en situaciones críticas. En casos de urgencias o emergencias sanitarias, no se aplicará ningún tipo de prioridad: la atención será inmediata y sin distinción de domicilio, asegurando el acceso universal en contextos donde está en juego la salud o la vida.
Desde el Ejecutivo porteño señalaron que esta política busca mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente en áreas de alta demanda como la salud. Durante 2025, el sistema sanitario de la Ciudad superó las 30 millones de prestaciones, con un incremento del 30% en la oferta de consultas desde el inicio de la actual gestión. También se registró un aumento significativo en intervenciones quirúrgicas.
La implementación de esta nueva prioridad será coordinada por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Gabriel Sánchez Zinny, que trabajará junto a las distintas áreas del gobierno para adaptar los प्रक्रimientos internos y garantizar su aplicación efectiva en cada servicio.
Es importante destacar que la medida no alcanza a todos los ámbitos. Por ejemplo, las áreas vinculadas a la seguridad pública quedan excluidas de este esquema, manteniendo su funcionamiento habitual sin distinciones de prioridad.
En paralelo, la Ciudad también planteó la necesidad de que otras jurisdicciones asuman responsabilidades en materia social, particularmente en relación con la atención de personas en situación de calle. En ese sentido, se solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que garantice la cobertura correspondiente para los bonaerenses, en línea con lo establecido por normativas nacionales.
En síntesis, la ampliación de la “Prioridad Porteña” busca reorganizar el acceso a los servicios públicos, priorizando a los residentes sin restringir derechos, y apuntando a una gestión más eficiente y equilibrada de los recursos en la Ciudad de Buenos Aires.
