En un megaoperativo realizado en la madrugada del viernes, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo el desalojo de más de 5.000 manteros que ocupaban las calles de Flores, específicamente en la avenida Avellaneda y sus alrededores. Este operativo abarcó un total de 32 manzanas de la zona, y fue implementado por un total de 550 efectivos entre inspectores, operarios y personal policial. A pesar de la magnitud de la intervención, hasta el momento no se registran detenidos.
El Despliegue de Fuerzas y la Coordinación de las Autoridades
El operativo comenzó a las 2 de la madrugada en varias intersecciones clave del barrio de Flores, como Nazca y Avellaneda, Bogotá y Campana, Cuenca y Avellaneda, y Helguera y Venancio Flores. De acuerdo con fuentes oficiales, la intervención se desarrolló sin inconvenientes: “Salió bien, sacamos a todos los manteros”, confirmaron fuentes cercanas al operativo.
Este despliegue fue coordinado por distintas fuerzas de seguridad, como la Superintendencia de Investigaciones, los ministerios de Seguridad y Espacio Público, la Agencia Gubernamental de Control, Tránsito y la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se realizaron 50 allanamientos en depósitos de la zona, donde se hallaron productos ilegales, entre ellos mercadería robada y alimentos en mal estado.
Razones Detrás del Operativo
El desalojo se produce en un contexto donde los vecinos y comerciantes de la zona han venido denunciando la problemática generada por la venta ambulante ilegal. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) explicaron que la actividad de los manteros está vinculada a trabajo clandestino y, en algunos casos, a trata de personas en talleres textiles de la zona. Los comerciantes locales han expresado su descontento debido a la competencia desleal que esta actividad ilegal genera, afectando tanto el orden público como la seguridad y la calidad de los productos que se ofrecen.
Impacto en la Zona y Medidas de Seguridad
Como resultado de las intervenciones, actualmente permanecen cerradas nueve manzanas en la zona de Flores, las cuales están valladas para evitar el regreso de los manteros. Las calles Nazca, Venancio Flores, Bogotá, Argerich y Aranguren son algunas de las principales afectadas. Los controles se mantendrán activos para garantizar que los vendedores no retomen las calles que fueron despejadas.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la situación y aseguró que habrá presencia policial permanente en la zona para asegurar el orden y evitar la reaparición de los manteros. “Van a estar circulando, garantizando la seguridad que hace falta”, expresó Macri, quien destacó que, aunque aún no haya detenidos, hay muchas investigaciones en curso relacionadas con esta actividad ilegal.
El Apoyo Vecinal y las Investigaciones Judiciales
Las autoridades han señalado que muchas de las denuncias que llevaron al operativo fueron realizadas por los propios vecinos del barrio, quienes han sido fundamentales para el éxito de la intervención. Macri indicó que los habitantes locales han estado colaborando activamente con las autoridades, proporcionando información clave para desmantelar los grupos organizados que operan en la zona.
Desde el Ministerio de Justicia porteño, el ministro Gabino Tapia subrayó la importancia de enfrentar el comercio ilegal callejero, que no solo afecta a los comerciantes formales, quienes cumplen con las normativas y pagan impuestos, sino que también representa un riesgo sanitario al ofrecer productos sin el debido control. “La venta callejera es ilegal porque genera una competencia desleal con los comerciantes que pagan impuestos y pone en peligro a la gente al ofrecer alimentos sin ningún tipo de control”, aseguró Tapia.
El Impacto en la Comunidad Local
El desalojo de los manteros ha generado reacciones diversas entre los comerciantes y los habitantes de la zona. Por un lado, muchos celebran la medida como una respuesta necesaria ante el desorden y la competencia desleal que existía en el área. Sin embargo, otros cuestionan la falta de alternativas para los vendedores informales, que muchas veces recurren a esta actividad debido a la falta de empleo formal o la desesperación económica.
En este sentido, algunos vecinos se han mostrado preocupados por el destino de los manteros, especialmente aquellos que no cuentan con recursos ni apoyo social para reintegrarse a la economía formal. Para muchos de ellos, el trabajo en la calle representa una de las pocas alternativas de ingreso.
Investigaciones en Curso y Operativos Futuros
El desalojo fue parte de un proceso judicial que involucra a las autoridades competentes, específicamente el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, a cargo de la jueza Rocío López Di Muro, y la Fiscalía de Delitos Complejos, liderada por Celsa Ramírez. Los allanamientos y las investigaciones continúan, especialmente para desmantelar las redes de comercio ilegal que operan en la zona, y las posibles implicaciones de trata de personas que están siendo analizadas.
El GCBA ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para mantener el orden en la ciudad y enfrentando los grupos organizados que promueven el comercio ilegal en la vía pública. A su vez, han expresado que se seguirán implementando medidas preventivas y de control en otras zonas de la ciudad que también están afectadas por la venta ambulante.
Un Paso en la Larga Lucha Contra el Comercio Ilegal
Este megaoperativo es un ejemplo claro de la estrategia del Gobierno porteño para combatir el comercio ilegal en las calles de la ciudad. A pesar de las dificultades y las controversias que genera este tipo de medidas, especialmente en lo que respecta a las condiciones de los manteros, el desalojo en Flores refleja la determinación de las autoridades de mantener el orden público y de garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos.
El éxito de este operativo también depende de la cooperación ciudadana y de la información que los vecinos continúan aportando. La ciudad de Buenos Aires sigue enfrentando el desafío de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la inclusión social de los vendedores informales, en un contexto donde el comercio ilegal sigue siendo una problemática importante.