La Fiscalía PCyF N° 37, bajo la dirección de Valeria Lancman, llevó a cabo una minuciosa inspección en un geriátrico situado en la calle Terrada al 4000, descubriendo que este establecimiento, que había sido previamente clausurado en octubre de 2023, estaba en claro incumplimiento de la medida administrativa de cierre impuesta. La intervención de la fiscalía fue fundamental para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y proteger la seguridad de los residentes en la institución.
Intervención de múltiples actores gubernamentales y judiciales
En el procedimiento de inspección, participaron diferentes entidades, lo que denota la coordinación de esfuerzos de diversos organismos tanto del ámbito judicial como del gubernamental. Entre ellos, destacan:
- El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, encargado de la investigación y recolección de pruebas.
- La División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad, que intervino en el análisis y verificación de posibles delitos relacionados con la salud pública y el trato a los adultos mayores.
- La Dirección General de Promoción Social y Bienestar del Gobierno de la Ciudad, cuyo rol se centra en velar por el bienestar de los grupos vulnerables, en este caso, los adultos mayores.
- La Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), responsable de supervisar el cumplimiento de las normas en este tipo de establecimientos.
- La Unidad Operativa de Fiscalización Integral (UOFI), que tiene la misión de llevar adelante operativos de control para verificar el cumplimiento de las normativas en todos los aspectos que atañen a los geriátricos.
- El Programa Proteger del Gobierno de la Ciudad, dedicado a fortalecer la protección de los adultos mayores, realizando intervenciones y fiscalizaciones periódicas para prevenir abusos y negligencias en el trato hacia ellos.
Las irregularidades encontradas: Un panorama alarmante
Durante la inspección, se constataron una serie de irregularidades graves que evidencian el riesgo al que estaban expuestos los residentes del geriátrico. Entre los hallazgos más alarmantes se incluyen:
- Historias clínicas desactualizadas: Se detectó que las historias médicas de los residentes no estaban al día, lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de las personas alojadas en el geriátrico, dado que no se podía hacer un seguimiento adecuado de sus condiciones médicas y tratamiento.
- Falta de controles de patologías: La ausencia de controles médicos periódicos para detectar posibles patologías o enfermedades graves es una violación directa a las normas mínimas de atención sanitaria requeridas en geriátricos. Esto compromete la integridad de los residentes, quienes deberían recibir atención médica constante para prevenir cualquier complicación en su salud.
- Insuficiencia de personal: Uno de los problemas más significativos que se detectó fue la insuficiencia de personal de enfermería y auxiliares, lo que generaba una atención deficiente para los residentes. Esta escasez de profesionales capacitados es especialmente preocupante en un entorno geriátrico, donde los adultos mayores requieren de una atención personalizada y constante debido a su edad avanzada y a sus posibles enfermedades.
- Falta de habilitación: Se corroboró que el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente para su funcionamiento, lo que significa que operaba sin los requisitos legales mínimos necesarios para garantizar la seguridad de los residentes y el cumplimiento de las normativas vigentes.
- Problemas con la fumigación y el mantenimiento: Se encontró que no se contaba con los certificados de fumigación pertinentes, ni con los documentos actualizados sobre la limpieza del tanque de agua. Este tipo de problemas de mantenimiento puede generar riesgos sanitarios, como la proliferación de enfermedades transmitidas por insectos o la contaminación del agua utilizada por los residentes.
- Seguro de responsabilidad civil vencido: Un punto clave que se destacó fue la falta de acreditación del seguro de responsabilidad civil, lo cual es un requisito fundamental para garantizar que, en caso de algún incidente o daño, el establecimiento esté cubierto y los residentes no se vean expuestos a situaciones de vulnerabilidad legal.
- Ingreso de nuevos residentes tras la clausura: Desde la clausura inicial en octubre de 2023, se registró el ingreso de tres nuevos residentes a pesar de que el establecimiento no estaba habilitado para recibir a nuevos pacientes. Esto es una grave violación de la normativa, ya que los geriátricos deben seguir ciertos procedimientos administrativos antes de admitir nuevos residentes.
- Retiro de residentes sin supervisión: En contraposición al ingreso de nuevos residentes, también se produjo el retiro de seis residentes, lo que generó interrogantes sobre el manejo de las altas y el cuidado de los adultos mayores durante ese proceso. La falta de seguimiento de estos traslados podría haber comprometido su salud y bienestar.
Acciones adoptadas por las autoridades
Frente a la magnitud de las irregularidades detectadas, la Fiscalía decidió reinstaurar la clausura administrativa del establecimiento. Esta medida implica que el geriátrico deberá suspender su actividad de manera inmediata hasta que se subsanen todas las deficiencias encontradas y se garantice que las condiciones para el alojamiento y atención de los residentes cumplan con los estándares exigidos por la normativa vigente.
Actas detalladas fueron levantadas durante la inspección, registrando cada una de las violaciones detectadas, y se determinaron las responsabilidades correspondientes. No obstante, no se procedió al traslado inmediato de los residentes, como en ocasiones podría ser habitual en estos casos. La Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos Privados sugirió seguir otro camino: en lugar de forzar el traslado de los residentes, se optó por mantener un seguimiento constante con los familiares para asegurarles que el establecimiento permanecería cerrado y que las condiciones no eran las adecuadas para continuar con el servicio. Este seguimiento incluyó la orientación a los familiares sobre el procedimiento a seguir para garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes durante este proceso de clausura.
Reflexión sobre la necesidad de un control más riguroso
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de contar con mecanismos de control más efectivos y periódicos en los geriátricos, con el fin de evitar situaciones de negligencia y vulneración de derechos de los adultos mayores. Las instituciones encargadas de la fiscalización y regulación deben ser capaces de actuar rápidamente ante cualquier denuncia o indicio de irregularidad, como en este caso, para prevenir daños mayores a los residentes.
Además, es imprescindible que los organismos gubernamentales, como el Ministerio de Salud, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) y el Programa Proteger, trabajen de manera coordinada para garantizar la transparencia en la prestación de los servicios geriátricos. Asimismo, la sociedad civil debe ser parte activa en la denuncia de cualquier irregularidad o maltrato que pueda ocurrir dentro de estos establecimientos, colaborando con las autoridades para asegurar el cumplimiento de las normativas.
El camino hacia un envejecimiento digno y seguro
Finalmente, este tipo de situaciones resalta la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de políticas públicas que promuevan un envejecimiento digno y seguro para todos los adultos mayores. La creación y actualización de normativas, junto con el fortalecimiento de los procesos de control y fiscalización, son claves para garantizar que las personas mayores reciban la atención adecuada y vivan en condiciones seguras y saludables.
Es crucial que las autoridades sigan trabajando en la implementación de estrategias que fomenten la calidad en los servicios geriátricos, con el fin de asegurar que cada adulto mayor pueda acceder a un espacio donde se respeten sus derechos, su salud y su bienestar, sin importar las dificultades que enfrente a lo largo de su vida.