En la mañana del jueves, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un operativo para recuperar un terreno que llevaba más de veinte años ocupado por una cooperativa relacionada con el dirigente social Juan Grabois. El espacio, ubicado detrás del Mercado de Bonpland, sobre la calle Bonpland 1660, fue desalojado tras un procedimiento conjunto entre la Policía de la Ciudad y los ministerios de Espacio Público y Desarrollo Humano. Durante la intervención, fue arrestada una persona que trabajaba en el predio y sobre quien pesaba una orden de detención vigente.
Este operativo se suma a un total de 376 inmuebles recuperados por la actual administración porteña, como parte de un plan orientado al reordenamiento del espacio urbano y a la seguridad pública.
Origen del predio y desvío de funciones
Inicialmente, el terreno había sido otorgado en 2001 con un permiso de uso provisorio, destinado al funcionamiento de un comedor comunitario. No obstante, con el paso del tiempo, el lugar fue transformándose y comenzó a ser utilizado para actividades que excedían ese fin original. Entre ellas, se detectaron eventos sociales, fiestas, alquileres y actividades comerciales no habilitadas, lo que dio lugar a reiteradas denuncias de los vecinos y posteriores clausuras por parte de las autoridades locales.
Además, en 2022, se identificó un acuerdo de comodato informal entre distintas suborganizaciones de la agrupación La Dignidad —vinculada a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)— que no contaba con la autorización legal correspondiente, dado que el inmueble en cuestión pertenece al Gobierno de la Ciudad.
En ese espacio funcionaban distintos emprendimientos: una verdulería, un almacén, una feria de productos artesanales y un centro cultural donde, además de actividades sociales, se organizaban eventos con contenido político. Estas prácticas se realizaban al margen de las habilitaciones requeridas.
El operativo y sus fundamentos
El desalojo fue ordenado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien expresó que la ocupación de terrenos públicos sin autorización representa un riesgo para el orden urbano y afecta la calidad de vida de los vecinos. “La toma de espacios comunes genera caos, inseguridad y malestar para quienes viven cerca. Nuestra responsabilidad es proteger a quienes actúan dentro del marco legal”, afirmó.
El funcionario subrayó que este tipo de medidas forman parte de una estrategia integral cuyo objetivo es devolver la normalidad y el uso legal a los lugares públicos que se encontraban en manos de organizaciones o personas sin título habilitante.
Reacción de la organización y aclaración sobre el mercado
Integrantes de la cooperativa desalojada cuestionaron el procedimiento, argumentando que el espacio contaba con actividades culturales reconocidas, entre ellas un comedor y un teatro independiente. También denunciaron que el operativo se realizó sin orden judicial, lo que fue rechazado por las autoridades de la Ciudad, que sostienen que el desalojo fue administrativo, conforme a las normativas vigentes para predios públicos.
Por otro lado, voceros del Ejecutivo porteño aclararon que los comerciantes del Mercado de Bonpland, ubicado en las inmediaciones del terreno, no tienen relación alguna con la organización desalojada, y que ahora podrán desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad, sin interferencias.
Suspensión de traslados a cartoneros
En paralelo con la recuperación del predio, el Gobierno de la Ciudad anunció que dejará de financiar los transportes colectivos que solían trasladar desde el conurbano bonaerense a cartoneros pertenecientes a cooperativas afines a Grabois. Esta decisión, según explicaron fuentes oficiales, busca cortar con estructuras de asistencia estatal a organizaciones que, en su visión, operan fuera de la ley o sin rendición de cuentas clara.
Un proceso de ordenamiento más amplio
Este caso no es aislado, sino que se enmarca en una serie de acciones impulsadas por la administración de Jorge Macri para reordenar el uso del espacio urbano en la Ciudad. Desde el comienzo de su gestión, ya se ejecutaron 376 desalojos de predios ocupados de manera ilegal, en diferentes barrios como La Boca, Constitución, Barracas, Balvanera y Flores, entre otros.
Del mismo modo, se llevaron a cabo más de 10 operativos contra manteros, lo cual permitió liberar centenares de veredas, plazas y espacios públicos en zonas críticas como Once, Retiro, Parque Centenario, Chacarita, la calle Florida y el Congreso. También se desarticularon ranchadas en lugares como el Aeroparque Jorge Newbery y Plaza Lavalle.
Estas acciones forman parte de una política general de seguridad y orden público. Como complemento, el Ejecutivo envió a la Legislatura porteña un proyecto para endurecer las penas contra los cuidacoches ilegales, conocidos como “trapitos”, que podría implicar multas significativas y hasta arrestos de hasta dos meses.
El futuro del terreno recuperado
El destino final del predio recuperado en Palermo será definido por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, que deberá decidir qué uso se le dará en adelante. La intención del Gobierno es que el lugar se reintegre al patrimonio público y se destine a actividades legales, productivas o sociales, siempre dentro del marco de la ley y en beneficio de la comunidad.
