La situación de las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires volvió a estar en el centro de la escena nacional e internacional tras una comunicación oficial enviada por dos Relatores Especiales de Naciones Unidas al Gobierno argentino. En el documento, los expertos expresaron su “grave preocupación” por las políticas llevadas adelante en la CABA, que consideran discriminatorias y punitivistas hacia personas sin techo y trabajadores de la economía informal.
Los relatores que firmaron el documento son Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, y Olivier De Schutter, Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos. Ambos sostienen que las políticas implementadas en la Ciudad “sugieren un patrón de criminalización”, en lugar de abordar los problemas socioeconómicos sistémicos mediante soluciones estructurales como acceso a vivienda, asistencia social, empleo y programas de inclusión para los vendedores informales.
La intervención de Naciones Unidas surge a partir de un pedido de comunicación formal realizado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPD CABA) en 2024, que fue acompañado por diversos informes de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Cifras alarmantes
La preocupación de los organismos internacionales está sustentada en datos duros que evidencian un deterioro significativo de la situación social. De acuerdo con los informes remitidos, el número de personas en situación de calle creció un 122% desde 2017, mientras que sólo entre 2022 y 2024 el incremento fue del 55%.
A pesar de ese crecimiento sostenido, desde inicios de 2024 el Gobierno porteño puso en marcha el denominado “Operativo Especial Orden y Limpieza”, que consiste en desalojos sistemáticos de personas sin hogar, incautación de sus pertenencias e intervenciones del espacio público con lógica de “higiene urbana”.
Según denuncias recogidas por el MPD, el CELS y la ACIJ, durante estos operativos se utilizaron mecanismos de fuerza, y se reportó la destrucción de bienes personales, incluidos documentos de identidad. En paralelo, las contravenciones contra personas sin techo aumentaron un 2.137%, y se documentó un incremento del 500% en los casos de violencia institucional.
Pronunciamiento internacional y respuesta judicial
La comunicación de los relatores se dio en un contexto donde múltiples organizaciones sociales y judiciales alertan sobre un enfoque estigmatizante y punitivo del Gobierno de la Ciudad. La Justicia porteña incluso ha anulado varias detenciones realizadas en este marco por considerarlas arbitrarias y discriminatorias, basadas más en prejuicios que en fundamentos legales.
Los Relatores de la ONU subrayaron que la criminalización de la pobreza y la informalidad vulnera las obligaciones internacionales de derechos humanos suscriptas por Argentina. Propusieron una reorientación del enfoque público para abandonar la lógica represiva y avanzar en soluciones habitacionales definitivas y políticas de inclusión.
Informe conjunto y diagnóstico crítico
En paralelo al pronunciamiento internacional, se difundió el informe “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”, elaborado por el CELS, la ACIJ y el MPD CABA. El documento ofrece un exhaustivo análisis sobre el crecimiento del fenómeno, el déficit estructural en las respuestas estatales, y la implementación de medidas represivas que despersonalizan y criminalizan a quienes viven en el espacio público.
El estudio también advierte sobre una política bifrontal del actual gobierno porteño. Por un lado, con la ejecución de intervenciones forzosas en el espacio público, en el marco de un paradigma oficial de “orden y limpieza”; por otro, con un aumento presupuestario en dispositivos de alojamiento transitorio y una mayor segmentación de prestaciones sociales. Sin embargo, estas políticas siguen enfocadas principalmente en respuestas de emergencia, sin abordar de forma estructural las causas del problema.
Balvanera: un caso testigo de la problemática
En el barrio de Balvanera, el impacto de estas políticas fue visible recientemente. Durante la noche del jueves pasado, efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a operarios del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, desalojaron a personas que pernoctaban en el frente del Hospital Ramos Mejía (Urquiza y Agrelo) y en la galería del galpón ferroviario del Parque de la Estación (Gallo y Perón).
En ambos casos, se destruyeron o descartaron pertenencias de las personas desalojadas. Algunas lograron llevarse sus objetos más personales, mientras que otras vieron sus bienes arrojados a la basura, sin que se reconociera su derecho a la propiedad. Se montaron camiones recolectores en los lugares, reforzando la lógica de que la presencia de personas en situación de calle constituye un “residuo” urbano a ser removido.
En el Hospital Ramos Mejía, hace años que se registra la presencia de personas sin hogar que duermen en el frente del edificio, incluso dentro de las instalaciones sanitarias. En el caso del Parque de la Estación, la galería funciona desde hace tiempo como un refugio informal para personas en situación de calle, tanto de noche como durante el día.
Una política basada en el castigo y la invisibilización
El MPD CABA confirmó que las denuncias por violencia institucional contra personas en situación de calle crecieron un 128% entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024. Además, el 34% de las personas detenidas en 2024 en este contexto denunciaron agresiones al momento del arresto.
Este enfoque gubernamental reduce el fenómeno a una cuestión de “limpieza” del espacio urbano, ignorando estándares legales que reconocen a las personas sin hogar como sujetos de derechos, no como amenazas o elementos fuera de lugar. Al tratarse de una de las poblaciones más vulnerables, estas medidas no hacen más que profundizar la marginación, alejando la posibilidad de construir una política habitacional verdaderamente inclusiva.
Aumento presupuestario sin cambio estructural
Según datos oficiales, en 2025 las partidas presupuestarias destinadas a programas habitacionales crecieron un 40,11% en términos reales. No obstante, los especialistas advierten que estos recursos siguen orientados casi exclusivamente a dispositivos transitorios, como subsidios de emergencia o alojamiento en Centros de Inclusión Social (CIS), que no resuelven el problema de fondo.
Desde el CELS sostienen que el abordaje de la problemática de situación de calle debe superar la lógica asistencial y de contención momentánea, para transformarse en una política de restitución de derechos, con enfoque integral y perspectiva de inclusión.
Líneas de acción y propuestas
El informe elaborado por CELS, ACIJ y el MPD CABA traza una hoja de ruta hacia soluciones sostenibles. Propone:
- Reformular la política pública con enfoques no punitivos y basados en derechos humanos.
- Diseñar alternativas habitacionales definitivas, como programas de vivienda social, alquiler subsidiado y cooperativas.
- Mejorar y expandir la red de servicios de atención integral, con perspectiva de género, infancia y diversidad.
- Establecer mecanismos de control y transparencia sobre las intervenciones estatales, especialmente aquellas que implican uso de la fuerza.
- Promover instancias de diálogo entre gobierno, sociedad civil y personas en situación de calle.
Una mirada desde la dignidad
En tiempos de crisis económica y exclusión creciente, los pronunciamientos como el de la ONU y las investigaciones de organismos de derechos humanos recuerdan que las personas en situación de calle no son un problema que deba esconderse, sino una emergencia social que debe resolverse con políticas inclusivas, dignas y sostenibles.
Como señala uno de los pasajes del informe:
“Ninguna ciudad puede considerarse justa si, mientras despliega cámaras, policías y operativos de limpieza, sigue expulsando a los más pobres de su espacio público sin ofrecerles un lugar en la vida urbana”.
