La crisis en el sistema de salud que atiende a millones de jubilados y jubiladas se profundiza. En uno de los centros asistenciales más relevantes del PAMI, el Hospital Español de Buenos Aires, el Gobierno nacional, a través de la nueva administración de la obra social, busca reducir en un tercio la planta de trabajadores. La medida fue denunciada por el personal sanitario como parte de un “plan sistemático de vaciamiento” que pone en riesgo la continuidad y calidad de las prestaciones. El ajuste se enmarca en un escenario más amplio de recortes previsionales, baja de haberes, eliminación de medicamentos gratuitos y la finalización de la moratoria previsional.
Una medida que afecta a miles de jubilados
El Hospital Español, ubicado en el barrio de Balvanera, atiende a más de 100.000 afiliados del PAMI, principalmente jubilados y pensionados, muchos de ellos en situación de alta vulnerabilidad. Desde 2017, la obra social asumió la administración conjunta del hospital tras un proceso judicial que evitó su quiebra, y se comprometió a garantizar la atención prioritaria a sus afiliados.
En 2023, el PAMI invirtió cerca de 13 millones de dólares en su renovación integral y expresó su intención de adquirir formalmente el edificio. Sin embargo, según denuncian los trabajadores, el nuevo gobierno de Javier Milei está impulsando un ajuste estructural que podría desmantelar esa operación y abrir la puerta a una privatización encubierta.
El conflicto sindical y la conciliación obligatoria
Frente al anuncio de 250 nuevos despidos, el gremio de la sanidad ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) lanzó un paro general el pasado 20 de marzo, lo que forzó a la Secretaría de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria. La medida frenó momentáneamente los despidos y habilitó una instancia de negociación.
La conducción sindical calificó la decisión como “arbitraria, desproporcionada y violatoria de los compromisos judiciales”, y advirtió que el recorte “pone en riesgo la salud y la vida de miles de adultos mayores”.
Desde el PAMI, en cambio, se aseguró que los despidos “no afectan personal médico”, sino sectores como administración, maestranza, archivo y servicios de apoyo, y que buscan “racionalizar una planta sobredimensionada” durante la gestión anterior. Según fuentes oficiales, se apunta a eliminar superposiciones de tareas, regularizar ausencias reiteradas y ajustar el presupuesto sin afectar la operatividad del hospital.
Las voces desde adentro: renuncias, angustia y abandono
A pesar de las declaraciones oficiales, médicos, jefes de servicio y trabajadores de planta aseguran que el proceso ya está impactando en la calidad de atención. De hecho, desde diciembre de 2023 se acumulan más de 200 despidos y una cantidad aún mayor de renuncias voluntarias, sobre todo de médicos, por los bajos salarios y el clima de inestabilidad.
En octubre de 2024, el entonces jefe de clínica médica, el Dr. Fernando Wahlmann, advirtió en un video viralizado que “el ajuste está deteriorando gravemente la atención, provocando la fuga de profesionales y dejando camas sin ocupar por falta de personal”. Dos meses después, en enero, fue despedido tras criticar abiertamente al Gobierno nacional en los medios de comunicación.
“El recorte solo genera más angustia en pacientes que ya llegan con historias clínicas complejas y sin contención. Lo que está pasando no es un ordenamiento, es un desguace”, sostuvo el médico.
El impacto en la estructura del hospital
El hospital cuenta con 200 camas de internación, pero según el personal sanitario solo la mitad están operativas por la falta de médicos, enfermeros y servicios de apoyo. Los departamentos de salud mental, estadística, trabajo social y kinesiología han sido desmantelados o funcionan con dotación mínima. Algunos sectores, como terapias intermedias o guardias especializadas, enfrentan severas limitaciones para cubrir turnos.
El servicio social, fundamental para hacer el seguimiento de pacientes internados y articular con familiares, fue reducido a un equipo mínimo. El área de estadísticas clínicas, clave para el control de calidad médica y auditorías, también se vio afectada.
¿Privatización encubierta?
La sospecha que circula entre los trabajadores y sectores políticos opositores es que el ajuste forma parte de una estrategia para facilitar la venta del hospital a un operador privado. Según lo dispuesto por el juzgado que lleva la quiebra, cualquier venta del inmueble debe respetar su función sanitaria, mantener el empleo del personal actual y garantizar la continuidad médica.
Sin embargo, la posible compra por parte del PAMI quedó en suspenso y no se descarta que el proceso se frene, permitiendo que una empresa privada adquiera el edificio “a precio de saldo”, con infraestructura nueva, equipamiento moderno, plantilla recortada y salarios a la baja.
“Van a dejar el hospital funcionando a media máquina, despedir personal, y después venderlo como si fuera una ganga, es el manual clásico del vaciamiento”, denunció una médica clínica del hospital, que pidió mantener su identidad en reserva.
Contexto general: el ajuste previsional
Este conflicto se suma a un panorama crítico para los jubilados, que ya enfrentan:
- Una caída real de los haberes previsionales desde diciembre de 2023, a pesar del nuevo esquema de movilidad.
- La reducción del 60% de los medicamentos gratuitos, que obligó a miles de adultos mayores a endeudarse o abandonar tratamientos.
- El cese de la moratoria previsional, lo que impide que personas sin los 30 años de aportes accedan a una jubilación, empujándolas a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), de menor monto.
Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, 7 de cada 10 jubilados cobran por debajo de la canasta básica. En este contexto, el achique del sistema de salud aparece como un nuevo golpe.
La respuesta política
Desde bloques opositores en la Legislatura porteña y el Congreso Nacional, se exigió la intervención del Ministerio de Salud y la derogación de los despidos. La diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos) pidió una sesión especial para tratar el tema y denunció que “la destrucción del PAMI es una decisión política del Gobierno de Milei para avanzar con la privatización de la salud pública”.
También se pronunció el colectivo “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”, que presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, solicitando un amparo para frenar el recorte en la atención médica de los jubilados.
