Una nueva fuga de un detenido volvió a poner en el centro de la escena un problema que no da tregua a las autoridades porteñas: la sobrepoblación carcelaria en comisarías y alcaidías de la Ciudad. Este domingo por la tarde, Wilson Marcelo Ramírez Ríos, de nacionalidad peruana, logró evadirse de la Comisaría Vecinal 1D, ubicada sobre la calle Lavalle al 400, pleno barrio de Retiro, en circunstancias que aún se investigan.
La fuga se produjo alrededor de las 16 horas, en pleno horario de visita, una instancia crítica que en varias oportunidades ha sido señalada por especialistas como momento de alta vulnerabilidad. Ramírez Ríos, de 1.65 metros de altura, tez trigueña, vestía una musculosa azul y pantalón corto negro al momento de la evasión. Estaba detenido desde el 13 de enero, acusado de encubrimiento agravado, falsificación de documentación pública y resistencia a la autoridad.
Este hecho se suma a una preocupante cadena de evasiones registradas en los últimos meses. Apenas una semana atrás, seis detenidos escaparon de la Alcaidía 6A, ubicada en Caballito, muy cerca del Parque Centenario. Si bien tres fueron recapturados, otros tres continúan prófugos. Las imágenes de ese episodio, que muestran a los fugados cruzando la avenida Díaz Vélez y abordando un taxi que aparentemente los esperaba, se viralizaron y encendieron las alarmas de toda la estructura de seguridad.
Un problema estructural: más detenidos que plazas
Detrás de cada fuga, hay una problemática de fondo que viene acumulándose desde hace años: la superpoblación de las comisarías y alcaidías porteñas, que se encuentran alojando a personas que deberían estar bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
De acuerdo con cifras oficiales, en 2022 había 948 detenidos en dependencias policiales de la Ciudad. Al finalizar 2024, el número ascendía a 2066 personas privadas de su libertad, es decir, más del doble de la capacidad disponible. Esta situación no solo representa un riesgo operativo para las fuerzas policiales, que deben asumir funciones de custodia prolongada que exceden sus atribuciones, sino también una amenaza para la seguridad de los vecinos.
Del total de detenidos, el 63,7% se encuentra en prisión preventiva, el 18,5% ya cumple condena, y el resto aguarda una resolución judicial. La mayoría está acusada de delitos federales, como tráfico de estupefacientes, robo agravado o portación de armas, lo que según el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, debería implicar su reclusión en cárceles federales.
“El 95% de los presos en comisarías no pertenecen a la justicia porteña. Estamos deteniendo más personas, pero no se traslada a nadie”, remarcó Wolff, quien también aseguró que en los últimos 14 meses se pasó de 1.700 a 2.300 detenidos en dependencias de la Ciudad, una sobrecarga que afecta la operatividad de las fuerzas y la seguridad pública.
Cambios de mando, medidas y nuevas fugas
Las reiteradas fugas provocaron una reestructuración interna en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. A finales de 2024 fueron desplazados Sebastián Vela, quien ocupaba un cargo civil estratégico en la cartera, y Martín Ochoa, entonces director de Alcaidías. En su lugar asumió Germán Goris, ex marino de carrera, quien implementó como primera medida la presencia permanente de un efectivo en los sectores de detención.
Sin embargo, esa disposición no ha sido suficiente para frenar los episodios. A la fuga del domingo en Caballito, donde seis reclusos redujeron a dos policías y escaparon en un taxi, se suma ahora la evasión de Retiro. En total, en 2024 se registraron 15 fugas, una cifra que preocupa a vecinos, autoridades y al propio Poder Judicial.
El secretario de Seguridad porteño, Ezequiel Daglio, reconoció que la raíz del problema está en la falta de plazas penitenciarias y responsabilizó a la gestión nacional anterior por no habilitar cupos. “Tuvimos 22 fugas en 2023 con 1700 presos. Hoy hay un 35% más y las fugas continúan. No se ha hecho nada para aliviar esta situación estructural”, explicó Daglio.
Las obras del penal de Marcos Paz: una luz al final del túnel
Una de las soluciones estructurales más prometedoras es la finalización del Complejo Penitenciario Federal VII en Marcos Paz. La obra, iniciada en 2018 durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, fue frenada en 2020 por falta de fondos. Recién en diciembre de 2024, el Gobierno Nacional adjudicó a la empresa Criba la ejecución del 30% restante del complejo, con un presupuesto de casi 97 mil millones de pesos. Las obras se reanudaron en enero y se prevé su finalización para diciembre de 2025.
El nuevo penal contará con 2.240 plazas, lo que permitiría descomprimir al sistema y cerrar finalmente la cárcel de Devoto, una promesa largamente postergada. En una recorrida reciente, el jefe de Gobierno Jorge Macri celebró el avance de la obra: “Nuestras comisarías y alcaidías están llenas de detenidos por delitos federales. 9 de cada 10 no deberían estar ahí. Esta cárcel es clave para recuperar personal en calle y devolverle seguridad al vecino”.
La dimensión judicial y el conflicto con el SPF
En paralelo, existen acciones judiciales en curso por parte del Gobierno porteño y de distintas organizaciones que reclaman mejoras en las condiciones de detención y cumplimiento efectivo por parte del Servicio Penitenciario Federal.
En noviembre de 2023, la Ciudad presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el incumplimiento del SPF en recibir detenidos. Según la presentación, desde 2020 la cantidad de personas alojadas en dependencias porteñas pasó de 61 a más de 1.700. La Corte aún no se pronunció, pero la situación sigue bajo seguimiento de la Procuración Penitenciaria y otros organismos de control.
Por otra parte, se reactivó un habeas corpus colectivo iniciado en 2020 por el Ministerio Público de la Defensa, que exige vaciar las comisarías de detenidos. En noviembre pasado, la Justicia ordenó habilitar 1.600 plazas federales y presentar un plan de traslado inmediato. La apelación del SPF fue rechazada, lo que hace de ese fallo una resolución de cumplimiento obligatorio.
También se sumó un recurso presentado por la Fundación Apolo Bases para el Cambio, que exige condiciones de alojamiento dignas en las comisarías. Inicialmente desestimado, fue revocado por la Cámara Nacional en lo Criminal y la audiencia correspondiente se llevó a cabo el 14 de febrero último.
Una situación crítica que impacta en la seguridad barrial
Las fugas no son solo un dato estadístico: impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos. Muchos de ellos viven con temor al saber que detenidos por robos agravados, narcotráfico o violencia están alojados a metros de sus casas, sin custodia adecuada ni infraestructura penitenciaria.
Además, cada policía asignado a tareas de custodia es un policía menos en la calle, lo que afecta la prevención del delito en los barrios. Desde el propio Gobierno de la Ciudad insisten en que la situación exige una coordinación interjurisdiccional urgente, ya que los delitos federales deben ser gestionados por el Estado nacional.
La reciente fuga de Wilson Marcelo Ramírez Ríos no es un hecho aislado: es la punta visible de un problema que combina falta de infraestructura, superpoblación carcelaria, tensiones institucionales y desinversión. Mientras no se habiliten nuevas plazas penitenciarias y no se garantice el traslado de los detenidos al ámbito federal, las comisarías seguirán siendo lugares de detención precarios, donde las fugas son una amenaza constante.
Con la mirada puesta en la finalización del penal de Marcos Paz, y en el cumplimiento de las resoluciones judiciales vigentes, la Ciudad de Buenos Aires afronta el desafío de garantizar seguridad con derechos, tanto para los ciudadanos como para los propios detenidos. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando respuestas concretas.
