Recientemente, la jueza especializada en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elena Liberatori, dictaminó la anulación del aumento tarifario del subte que había sido establecido en $757 para quienes utilizan la tarjeta SUBE registrada y en $859 para aquellos usuarios que no cuentan con dicha tarjeta. No obstante, a pesar de esta resolución judicial, el precio incrementado continuará vigente por el momento, ya que el gobierno encabezado por Jorge Macri interpuso un recurso de apelación. El argumento central de esta apelación se fundamenta en que, conforme a la legislación vigente, las apelaciones suspenderían los efectos de la sentencia hasta tanto un tribunal superior se expida al respecto. Por ende, la tarifa aumentada permanecerá vigente hasta que la Cámara en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires analice y resuelva este recurso presentado por el Ejecutivo porteño.
Esta controversia jurídica se originó a raíz de un amparo interpuesto por destacados referentes de la izquierda política, entre los cuales se encuentran Myriam Bregman, Alejandrina Barry y Patricio del Corro. A este grupo se sumó además Claudio Dellecarbonara, dirigente sindical que representa a los trabajadores del subte. En su presentación, los actores argumentaron que la resolución 5/SBASE, fechada el 24 de mayo de 2024, era inconstitucional. Sostuvieron que dicha resolución contradecía disposiciones tanto de la Constitución Nacional como de la Carta Orgánica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de infringir tratados internacionales y normativas legales específicas que regulan el servicio de transporte subterráneo.
Entre los múltiples cuestionamientos al reciente incremento tarifario, los demandantes denunciaron que el cálculo de la nueva tarifa técnica incluía conceptos y gastos que no estaban debidamente justificados, o bien que no deberían ser trasladados a los usuarios del servicio. Por ejemplo, mencionaron que entre los rubros imputados figuraban facturas vinculadas a estancias en el Automóvil Club Argentino y contratos de alquiler de vehículos de empresas que no desarrollan su actividad comercial dentro del ámbito de la ciudad, lo cual pone en duda la pertinencia y legalidad de estos costos incorporados al cálculo tarifario.
En el fallo, la jueza Liberatori enumeró varias causas que la llevaron a anular el aumento de la tarifa del subte. Entre ellas, resaltó especialmente la carencia de una reglamentación clara y precisa acerca del procedimiento que debe seguirse para efectuar ajustes en la tarifa del servicio. Esta ausencia normativa, según explicó, dificulta tanto el control judicial del proceso tarifario como la posibilidad de que los usuarios comprendan los fundamentos técnicos y económicos que justifican dichos incrementos. De igual modo, la magistrada subrayó que la nueva escala tarifaria excedía los parámetros históricos que normalmente regulan la relación entre la tarifa que paga el usuario y la denominada tarifa técnica —es decir, el costo real de prestación del servicio—, imponiendo así a los pasajeros una carga económica que resultaba excesiva y contraria a los principios de justicia y razonabilidad.
Un análisis detallado efectuado por la jueza reveló que numerosos gastos que fueron incluidos para fundamentar la suba tarifaria carecían de relación directa con el funcionamiento del subte. En sus palabras, “Resulta imposible establecer una conexión clara con los costos de la operación del Servicio SUBTE, dado que la mayoría de las facturas presentadas no contienen descripciones pertinentes ni verificables que permitan corroborar su vinculación con el servicio.” Este hallazgo cuestiona de manera profunda la transparencia y la legitimidad del método empleado para fijar la tarifa técnica.
Asimismo, la magistrada concluyó que la ausencia de una reglamentación específica que defina con claridad los conceptos de “tarifa técnica” y “costo de explotación” llevó a que la determinación tarifaria adoptada por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad Anónima (SBASE), a través de la mencionada Resolución 5/SBASE/2024, adoleciera de una base jurídica y factual suficientemente sólida y fundamentada. En consecuencia, esta situación genera un escenario de incertidumbre legal en torno al valor actual de la tarifa del subte, que permanecerá en un limbo hasta que se emita un pronunciamiento definitivo tras la apelación presentada por el gobierno porteño.
Contexto y repercusiones del aumento tarifario
Para comprender mejor esta problemática, es necesario recordar que el transporte subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye un servicio esencial para millones de usuarios que a diario dependen de este medio para movilizarse dentro de la metrópoli. Por esta razón, cualquier modificación en la tarifa repercute de manera directa en la economía cotidiana de una gran porción de la población. A lo largo de los años, los aumentos tarifarios han sido objeto de debates intensos, con cuestionamientos que giran en torno a la transparencia en la definición de costos, la calidad del servicio y la equidad social.
El gobierno de Jorge Macri, desde que asumió su mandato, ha impulsado una política orientada a aumentar progresivamente las tarifas de distintos servicios públicos, entre ellos el subte, con el argumento oficial de que los incrementos son necesarios para cubrir los costos operativos y mejorar la infraestructura. Sin embargo, estas justificaciones no han logrado convencer a varios sectores sociales y políticos, quienes denuncian que tales aumentos afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables y que no se acompañan de mejoras sustanciales en el servicio.
Por otro lado, los dirigentes que promovieron el amparo también sostienen que el aumento fue aplicado sin el debido proceso legal y sin consultar adecuadamente a la ciudadanía ni a los organismos de control. En este sentido, resaltan la importancia de contar con procedimientos claros, transparentes y participativos que permitan una evaluación rigurosa de los costos involucrados y aseguren que cualquier aumento sea razonable y ajustado a la realidad económica.
El proceso judicial y los próximos pasos
Tras la decisión inicial de la jueza Liberatori, el gobierno porteño no tardó en presentar la apelación, recurso que, de acuerdo con la normativa vigente, suspende la ejecución del fallo mientras se resuelve en instancia superior. Por lo tanto, la Cámara en lo contencioso, administrativo y tributario será la encargada de revisar nuevamente el caso y dictaminar si mantiene la suspensión del aumento o bien ratifica la anulación decretada en primera instancia.
Este procedimiento puede extenderse por varios meses, durante los cuales el valor vigente de la tarifa seguirá siendo el establecido en mayo. Mientras tanto, tanto usuarios como dirigentes políticos y sindicales continúan expectantes, atentos a que se resuelva esta disputa que afecta directamente la economía cotidiana y el acceso a un servicio básico.
En definitiva, esta situación refleja una problemática recurrente en la administración pública y la gestión de servicios urbanos: la tensión entre la necesidad de garantizar la sustentabilidad económica de un servicio público y el derecho de los ciudadanos a acceder a tarifas justas y razonables, acompañadas de mecanismos transparentes de regulación y control. El desenlace de esta apelación no solo definirá el costo inmediato del boleto del subte, sino que también podría sentar precedentes sobre cómo se deben abordar los aumentos tarifarios en el futuro, estableciendo un marco normativo más claro y participativo para el sector.