El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a la disputa por la coparticipación federal que la Ciudad mantiene con el Gobierno nacional y llamó a actuar con prudencia en el marco de las negociaciones con la administración del presidente Javier Milei. El mandatario porteño remarcó que su prioridad es encontrar una salida institucional al conflicto y evitar que la discusión se agrave por declaraciones públicas.
La cuestión de la coparticipación había sido considerada inicialmente para su inclusión en el Presupuesto 2026. Sin embargo, tras la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados y el avance del proyecto en el Senado, el debate quedó desplazado al plano de las negociaciones entre funcionarios de ambas jurisdicciones. En caso de no alcanzarse un acuerdo, no se descarta que vuelva a intervenir la Corte Suprema de Justicia.
En ese contexto, Jorge Macri expresó con claridad su postura: “No quiero que la coparticipación se arruine por una declaración, quiero encontrar una solución”, afirmó al ser consultado sobre el estado de las conversaciones y la estrategia que adoptará el Ejecutivo porteño frente al reclamo de fondos.
El jefe de Gobierno subrayó que la posición de la Ciudad se apoya en fundamentos jurídicos sólidos y marcó un límite claro dentro de la discusión. “El límite son los derechos legales de la Ciudad”, sostuvo, diferenciando el plano institucional de la disputa del debate mediático o político.
Asimismo, Macri destacó su forma de encarar el conflicto, priorizando el diálogo y las vías formales: “Yo soy muy firme en la discusión y cauto a la hora de las declaraciones”, señaló, en referencia a su decisión de evitar confrontaciones públicas que puedan entorpecer una eventual resolución.
La coparticipación porteña continúa siendo uno de los principales focos de tensión entre la Ciudad y la Nación, especialmente tras los recortes aplicados en años anteriores y los reclamos judiciales que aún permanecen en trámite. Desde el Gobierno porteño insisten en la necesidad de recuperar recursos que consideran fundamentales para sostener servicios esenciales, mientras se mantiene abierta la instancia de negociación política con la Casa Rosada.
