La Policía Federal Argentina (PFA) logró desmantelar el jueves una organización criminal dedicada al contrabando y venta de dólares falsificados provenientes de Paraguay. El operativo, dispuesto por el juez Marcelo Aguinsky, incluyó 12 allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de seis personas.
El grupo delictivo realizaba sus transacciones en una confitería ubicada en el barrio porteño de Recoleta, donde los compradores entregaban dinero auténtico a cambio de billetes apócrifos. Entre los arrestados figuran el supuesto cabecilla de la organización, un intermediario encargado de viajar al país vecino para retirar el dinero falsificado, y el propietario del local utilizado como base de operaciones.
Según fuentes judiciales, el último comprador era en realidad un agente encubierto de la PFA, quien ya había participado en dos transacciones previas —una por 10 mil dólares y otra por 5 mil dólares— y se preparaba para concretar una tercera operación de 45 mil dólares, momento en el que se llevó a cabo la intervención policial.
Durante el procedimiento se incautaron 44.600 dólares falsos y 12 millones de pesos en efectivo.
El fiscal Emilio Guerberoff, responsable de la investigación, explicó que la organización “ponía en circulación dólares apócrifos mediante encuentros organizados en bares y confiterías, donde se pactaba la entrega de las divisas a un valor equivalente al 30% de su denominación original”. Cada miembro obtenía una comisión proporcional a su función dentro del entramado.
La causa se originó el 22 de abril pasado, tras una denuncia anónima que vinculaba a un ciudadano paraguayo con el ingreso de billetes falsificados y posibles actividades de narcoterrorismo y lavado de dinero. En la pesquisa intervinieron agentes de la PFA, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Servicio Secreto de Estados Unidos, que confirmó que los números de serie de los billetes secuestrados coincidían con otros detectados en Miami, California y Las Vegas.
Los investigadores determinaron que el dinero era almacenado en una vivienda del barrio de Chacarita antes de ser distribuido a distintos puntos de venta. En esa propiedad, se instaló una cámara oculta para registrar los movimientos de los implicados.
Por primera vez, el fuero penal económico aplicó la nueva ley antimafia, que endurece las penas para los delitos cometidos en el contexto del crimen organizado. Los arrestados fueron imputados por asociación ilícita agravada, contrabando, falsificación de moneda extranjera y lavado de activos, delitos que contemplan penas de hasta diez años de prisión.
La Policía Federal continúa con la búsqueda de dos presuntos integrantes del grupo, quienes permanecen prófugos.
