La Policía de la Ciudad desarticuló un consultorio médico y odontológico que funcionaba sin autorización en el Barrio 31, sobre la calle Alpaca al 500. Durante el procedimiento se incautaron más de 300 cajas de medicamentos —de las cuales 101 estaban vencidas—, sellos médicos, historias clínicas, equipos odontológicos y hasta un aparato de rayos X. Se trata de la tercera clínica ilegal clausurada en la zona en los últimos meses, en el marco de una investigación judicial en curso.
El operativo
El procedimiento fue realizado por la División Investigaciones Especiales, que constató la existencia de tres consultorios totalmente equipados, con instrumental, elementos de esterilización y documentación que acreditaba atención reciente de pacientes. En primera instancia, en el lugar se encontraba únicamente una recepcionista, pero minutos más tarde se hicieron presentes un médico argentino de 42 años y una odontóloga boliviana de 41, quienes mostraron matrículas digitales que no se correspondían con la habilitación exigida.
También participaron agentes del Ministerio de Salud de la Nación, quienes verificaron la irregularidad del establecimiento, y personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que labró un acta contravencional por violación de clausura.
Antecedentes en el barrio
La investigación actual se vincula con allanamientos previos realizados en julio de 2024 y julio de 2025, cuando se desbarataron otros centros de atención clandestinos en el mismo barrio. En uno de esos procedimientos incluso se había detectado un consultorio que recibía heridos de bala y se secuestró un arma de fuego.
Con este nuevo caso, ya son tres las clínicas ilegales clausuradas en el Barrio 31, lo que refuerza la preocupación de las autoridades sobre el riesgo sanitario y la necesidad de reforzar los controles.
La causa judicial
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 15, a cargo del Dr. Tropea y la Secretaría de la Dra. Marcela López, que dispuso el secuestro de todos los elementos y la notificación de los imputados por los delitos de violación de clausura y desobediencia.
