En una decisión clave para el futuro de la estructura judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó este lunes la medida cautelar que impide el avance en la implementación del nuevo fuero laboral porteño. De esta manera, el intento del Gobierno de la Ciudad de poner en funcionamiento tribunales laborales propios, habilitar concursos para jueces locales y consolidar una jurisdicción autónoma en esa materia, queda paralizado por tiempo indefinido.
El fallo, firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, representa un nuevo capítulo en la disputa por las competencias judiciales entre la Nación y la Ciudad. La resolución se produce como respuesta a un recurso presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que considera inconstitucional el accionar del gobierno porteño al intentar atribuirse facultades que —sostienen— aún pertenecen al Poder Judicial de la Nación.
Un proceso judicial en medio de una pulseada institucional
El corazón del conflicto radica en el complejo proceso de traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Según lo establece tanto la Constitución porteña como la ley nacional 24.588 —conocida como Ley Cafiero—, este proceso debe realizarse de manera consensuada y mediante convenios bilaterales entre el Gobierno nacional y la administración local.
A pesar de esa normativa, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó a comienzos de este año la ley 6789, que dispone la creación del fuero laboral local. La normativa también otorga facultades al Consejo de la Magistratura porteño para iniciar concursos públicos con el fin de seleccionar y designar jueces del nuevo fuero.
Ante esta avanzada institucional, la AMFJN interpuso una demanda que derivó en una medida cautelar de primera instancia. En esa oportunidad, la Justicia determinó la suspensión del proceso de implementación, considerando que podría producirse un conflicto de jurisdicciones y una afectación del marco constitucional vigente. El Gobierno de la Ciudad apeló esa resolución, pero la Cámara Contencioso Administrativo Federal desestimó ese recurso y ratificó la vigencia de la cautelar.
La postura de la Asociación de Magistrados y el argumento judicial
Uno de los principales puntos tenidos en cuenta por los camaristas Fernández y Morán fue la legitimación activa de la AMFJN para presentar el reclamo, en tanto representa a magistrados y funcionarios del ámbito judicial federal y nacional. En su fallo, los jueces concluyeron que el planteo del gremio judicial es verosímil y que existe riesgo en la demora de una decisión definitiva, dado que permitir el avance de los concursos y la eventual designación de jueces en el fuero laboral porteño podría derivar en una situación de hecho irreversible, antes de que se resuelva la cuestión de fondo.
Asimismo, los magistrados evitaron apoyarse en el antecedente de la Corte Suprema en el caso Levinas, que habilita a la Justicia porteña a intervenir en recursos contra decisiones de tribunales nacionales. En este caso, optaron por centrarse exclusivamente en el aspecto cautelar del conflicto.
Qué implica esta decisión
Con la medida cautelar confirmada, el Gobierno de la Ciudad se ve impedido de poner en marcha los nuevos tribunales laborales, suspender los concursos iniciados y abstenerse de avanzar en cualquier proceso que implique consolidar institucionalmente el nuevo fuero. Esto continuará así al menos hasta que se dicte una sentencia definitiva que resuelva la cuestión de fondo, o bien hasta que se firme un convenio formal entre la Nación y la Ciudad que determine cómo y bajo qué condiciones debe realizarse el traspaso de la competencia laboral.
En efecto, esta situación deja en suspenso el proyecto de contar con una justicia laboral completamente autónoma en el ámbito porteño, una aspiración impulsada por el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, y respaldada por varios sectores de la administración local. Sin embargo, los límites legales establecidos por la ley nacional y el marco constitucional se presentan, por ahora, como un obstáculo insalvable.
La defensa del Gobierno porteño
Desde la administración de la Ciudad, se había sostenido que el traspaso de competencias ya contaba con reconocimiento jurídico, en tanto había sido incorporado a la Constitución porteña y respaldado por distintos compromisos interjurisdiccionales suscritos durante las últimas décadas. Además, argumentaron que la Ciudad ya ejerce funciones jurisdiccionales en otras áreas sensibles, como el fuero contencioso-administrativo, sin que ello haya significado una vulneración de derechos o un conflicto institucional grave.
En esa línea, la Ciudad aseguró que la creación del fuero laboral no solo respeta el marco legal vigente, sino que además responde a la necesidad de una justicia más cercana, eficiente y adaptada a las problemáticas locales. Sostienen que descentralizar competencias judiciales permitiría acelerar los procesos, mejorar el acceso a la justicia y descomprimir la carga del sistema nacional.
La Corte Suprema, posible árbitro final
A pesar de este revés judicial, el Gobierno porteño aún cuenta con una vía para seguir impulsando su proyecto: recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal ya se encuentra interviniendo en otros casos que abordan la cuestión de las competencias entre la Nación y la Ciudad, por lo que su eventual pronunciamiento podría resultar determinante.
Una sentencia de la Corte podría no solo definir el destino del fuero laboral porteño, sino también sentar un precedente clave para el futuro de otras áreas judiciales que la Ciudad pretende asumir como propias. Hasta tanto eso ocurra, todo indica que la conformación de un fuero laboral autónomo permanecerá congelada.
Un conflicto institucional con impacto político
Más allá del plano jurídico, la disputa encierra una fuerte carga política. El avance unilateral de la Ciudad en la creación del fuero laboral fue leído por muchos sectores como una muestra de autonomía institucional, mientras que otros lo interpretan como una extralimitación de competencias. La decisión de la Justicia Federal de ratificar la suspensión genera también un mensaje sobre la necesidad de consensos intergubernamentales para realizar transformaciones profundas en la arquitectura institucional del país.
El futuro del fuero laboral porteño, por tanto, no depende únicamente de la voluntad política o de una ley local. Está atado a un entramado legal complejo que requiere diálogo, coordinación y acuerdos formales entre las jurisdicciones involucradas. Mientras tanto, y a la espera de una resolución definitiva, la Ciudad deberá seguir resolviendo los conflictos laborales en los tribunales nacionales, tal como ocurre hasta hoy.