A partir de este mes, quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán ingresar a los estadios de fútbol porteños. Así lo establece la reciente Ley 6.771, aprobada en diciembre pasado por la Legislatura de la Ciudad, que busca condicionar el acceso a actividades recreativas como forma de sanción social para quienes incumplen con sus deberes parentales.
La normativa comenzó a aplicarse en fase experimental el pasado 16 de marzo en el estadio de Boca Juniors, durante el partido contra Defensa y Justicia, con controles al ingreso de más de 4.000 hinchas en las plateas. Este primer operativo fue calificado como “exitoso” por las autoridades del Gobierno de la Ciudad, que ahora lo extienden al estadio Monumental, donde hoy se enfrentan la Selección Argentina y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.
La medida: qué dice la Ley 6.771
La Ley 6.771 modifica el Código Contravencional porteño y establece que las personas registradas como deudores alimentarios morosos no podrán acceder a espectáculos masivos, comenzando por los partidos de fútbol en la Ciudad. La implementación se hará progresivamente en los 18 estadios que existen en territorio porteño, con operativos coordinados entre los ministerios de Seguridad y de Justicia.
El principal objetivo de la norma es reforzar el cumplimiento del derecho a la alimentación, cuidado y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, que son los principales afectados cuando no se abonan las cuotas alimentarias fijadas por los juzgados.
El registro de deudores alimentarios fue creado por la Ley 269 en el año 1999 y actualizada en 2021. Allí se inscriben personas que adeudan, por más de tres meses consecutivos o cinco alternados, el pago de la cuota alimentaria establecida judicialmente. Estar en ese listado implica diversas restricciones: no se puede acceder a cargos públicos, licencias de conducir o pasaportes, entre otras.
Cómo se realizarán los controles
Los operativos de acceso serán aleatorios. Personal policial y del programa Tribuna Segura solicitará el DNI en los puntos de ingreso y cotejará la identidad de los simpatizantes con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Si una persona figura en el listado, no podrá ingresar al estadio y se le labrará un acta. Para volver a acceder a eventos masivos, deberá regularizar su situación judicial.
La implementación, por ahora, no requiere ningún trámite previo por parte de los clubes, aunque no se descarta que en etapas futuras se incorpore el control automatizado al momento de la compra de entradas o se extienda a otros eventos culturales y deportivos.
Argumentos oficiales: “El cumplimiento no se negocia”
“Trabajamos para garantizar que los derechos de todos los niños y adolescentes sean respetados. Estos operativos refuerzan nuestro compromiso con una Ciudad más justa. El orden y el cumplimiento de las obligaciones no se negocian”, declaró Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, destacó la articulación con el programa Tribuna Segura, que ya viene funcionando para detectar personas con pedido de captura u otras restricciones judiciales: “Ahora sumamos estos controles. En la Ciudad de Buenos Aires quienes incumplen con esta responsabilidad no podrán entrar al estadio”.
También participará de los operativos la Subsecretaría de Asuntos Registrales y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, a cargo de Hernán Najenson, que ofrecerá asesoramiento legal y orientación a los involucrados.
Las cifras: ¿cuántos están alcanzados?
Según datos del Ministerio de Justicia porteño, hay alrededor de 11.000 personas en todo el país registradas como deudores alimentarios morosos, de las cuales casi 2.900 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires. En su mayoría, se trata de varones entre 30 y 55 años, con hijos menores de edad.
Las estimaciones oficiales indican que cerca del 60% de las causas judiciales por alimentos en la Ciudad terminan en incumplimientos totales o parciales, lo que afecta no solo la alimentación, sino también el acceso a la salud, la vivienda y la educación de niños y adolescentes.
¿Es constitucional la restricción?
Algunos sectores del ámbito jurídico plantearon dudas sobre la legalidad de impedir el ingreso a eventos deportivos por una deuda civil. Especialistas en derecho constitucional advierten que la medida puede ser objetada judicialmente por vulnerar derechos como el acceso a espectáculos públicos o la libertad de circulación, aunque otros consideran que se trata de una sanción proporcional y no punitiva, sino coercitiva, para el cumplimiento de una obligación alimentaria esencial.
Desde la Defensoría General de la Ciudad señalaron que “la medida debe garantizar el debido proceso y el derecho a defensa de las personas alcanzadas”. Agregaron que debería existir un mecanismo de apelación rápida y que la implementación debe contemplar situaciones complejas como desempleo, enfermedad o conflictos judiciales no resueltos.
Críticas desde la sociedad civil
Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia celebraron la medida como un paso en favor del cumplimiento de las obligaciones parentales. Sin embargo, también hubo cuestionamientos desde sectores sociales que advirtieron el riesgo de que esta política termine estigmatizando a personas en situación de vulnerabilidad económica.
Desde la organización Paren de Incumplir, que agrupa a madres cuidadoras que reclaman por deudas alimentarias, afirmaron: “Durante años, muchas mujeres criaron solas a sus hijos sin ningún tipo de asistencia. Estas medidas deben ir acompañadas de políticas estructurales que garanticen el cobro de la cuota, no solo de sanciones sociales”.
En contraste, la Asociación de Padres Separados (APASE) criticó la ley por considerarla “arbitraria y discriminatoria”, y advirtió que no distingue entre deudores voluntarios y situaciones de imposibilidad económica real. “Están poniendo a todos en la misma bolsa. No se puede reducir la paternidad a una boleta de entrada al estadio”, expresaron en un comunicado.
¿Qué sigue?
La Ciudad planea extender la medida a otros ámbitos públicos. Eventos culturales, recitales, trámites administrativos, licencias y otros servicios podrían incluir en el futuro controles cruzados con el RDAM. También está en estudio la posibilidad de que los clubes deportivos colaboren activamente con el cumplimiento mediante la suspensión de socios que figuren en el registro.
La implementación de la Ley 6.771 representa una tendencia creciente a vincular derechos recreativos y sociales con el cumplimiento de obligaciones judiciales, lo que genera tanto apoyos como controversias.
En el plano político, algunos legisladores oficialistas ya trabajan en un proyecto para que los deudores alimentarios tampoco puedan acceder a planes sociales, subsidios o beneficios fiscales de la Ciudad, en línea con iniciativas similares en provincias como Mendoza y Córdoba.
