A un año del derrumbe en Caballito: la herida abierta de una tragedia evitable.

El 8 de febrero de 2024, el barrio de Caballito fue escenario de una tragedia que aún sacude a toda una comunidad. Un PH de dos plantas ubicado en Pedro Goyena 551 colapsó de manera abrupta y se precipitó dentro del pozo de una obra en construcción lindera. El derrumbe provocó la muerte de Nélida Acuña, de 82 años, y de su hermano Ramón Acuña, de 75, quienes residían en una de las unidades del inmueble. Ambos quedaron sepultados bajo toneladas de escombros. A un año del siniestro, sus familiares, vecinos y allegados aún reclaman justicia, reconstrucción y respuestas concretas.

La obra, que fue impulsada por la desarrolladora MAB Inversiones SRL y comercializada a través de la inmobiliaria Irujo, ya había sido objeto de numerosas denuncias vecinales por irregularidades en su ejecución y por los riesgos estructurales que acarreaba. Desde noviembre de 2022, vecinos y vecinas de propiedades linderas habían comenzado a registrar grietas, desprendimientos de mampostería y roturas internas en sus viviendas. Alarmados por la situación, varios de ellos iniciaron acciones legales contra la constructora.

A lo largo de cinco audiencias de conciliación celebradas en sede judicial, los denunciantes intentaron frenar la demolición del antiguo caserón que ocupaba el terreno, o al menos obtener garantías de seguridad. Sin embargo, no se arribó a ningún acuerdo y la empresa prosiguió con los trabajos, desoyendo los reclamos y agravando las condiciones de inestabilidad estructural en el entorno inmediato.

Una investigación en curso

La causa judicial que investiga el hecho quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°22 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la fiscal Mariela Paola de Minicis. La carátula del expediente es clara: “Estrago seguido de muerte”, una figura penal que contempla severas penas para quienes, por imprudencia o negligencia, provocan hechos que derivan en la pérdida de vidas humanas.

Hasta el momento, la justicia ha imputado a siete personas, entre las cuales se encuentran los principales responsables del proyecto inmobiliario. Los nombres de Yanina Natalia Cueto, Fernando José Cueto y Jorge Ezequiel Cueto, integrantes de la familia propietaria de MAB Inversiones SRL, figuran en el expediente como principales imputados. También fueron alcanzados por la investigación los arquitectos desarrolladores y responsables técnicos de la obra.

Tras el derrumbe, la empresa MAB Inversiones cesó sus operaciones de manera formal. Sin embargo, los Cueto no se retiraron del mercado inmobiliario. Actualmente, están vinculados a una nueva firma denominada Equipo 6C Real Estate, que —según consta en registros comerciales— continúa ejecutando emprendimientos en distintos barrios porteños, entre ellos, nuevos proyectos en el propio Caballito y a pocas cuadras del sitio donde ocurrió la tragedia.

Trece familias sin hogar

Más allá de las pérdidas humanas, el derrumbe dejó un saldo devastador en términos habitacionales. Las consecuencias afectaron de manera directa a 13 familias, quienes desde entonces no han podido regresar a sus hogares. El PH de Pedro Goyena 551 permanece clausurado, con una faja oficial colocada en su puerta principal, mientras las unidades internas —en su mayoría todavía habitables— permanecen inaccesibles por el colapso del pasillo de entrada y otras zonas comunes esenciales para la circulación.

Los damnificados explican que la reconstrucción del pasillo principal permitiría, en muchos casos, el regreso a sus departamentos, que no sufrieron daños estructurales de magnitud. Sin embargo, hasta la fecha la empresa no ha presentado un plan concreto de reconstrucción, ni ha establecido plazos ni garantías para devolver la habitabilidad a las unidades afectadas.

Mientras tanto, la firma se hace cargo —parcial o totalmente— del pago de alquileres temporarios para los damnificados. Sin embargo, la incertidumbre crece: muchas familias señalan que dependen exclusivamente de esta asistencia económica para mantenerse, y temen que si la causa judicial avanza en sentido desfavorable para los Cueto, la empresa desaparezca y las ayudas cesen sin previo aviso.

Reclamo por presencia estatal

Desde el primer momento posterior al siniestro, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires participó con acciones de asistencia inicial. A través de diversos organismos, se otorgó a los damnificados ropa, medicamentos, subsidios y beneficios impositivos. No obstante, con el correr de los meses, la presencia estatal fue reduciéndose. El hecho fue luego enmarcado por las autoridades porteñas como “un conflicto entre privados”, lo que desvinculó al Ejecutivo local de su rol de articulador entre las partes y dejó a los vecinos librados a su suerte.

Los damnificados sostienen que esta postura es incompatible con la magnitud del desastre y el rol que debería cumplir el Estado como garante del derecho a la vivienda y la seguridad en las construcciones. “No puede ser que la Ciudad solo actúe en la emergencia y después se corra. Estamos hablando de un derrumbe con muertos, con familias desplazadas. Es responsabilidad del Estado controlar y garantizar que esto no pase más”, afirmaron en una reciente asamblea vecinal.

La memoria, la lucha y la búsqueda de justicia

De cara al primer aniversario del derrumbe, los vecinos, familiares y allegados de Nélida y Ramón Acuña organizan una movilización para el sábado 8 de febrero de 2025, en el mismo sitio donde hace un año la vida de dos personas se apagó bajo los escombros de una obra que jamás debió continuar.

La convocatoria busca no solo rendir homenaje a las víctimas, sino también visibilizar los reclamos de las familias desplazadas y exigir que la justicia avance con firmeza contra los responsables. “No es solo una cuestión legal. Queremos que no haya más Ramón ni más Nélida. Queremos que lo que nos pasó no le pase a nadie más”, afirman los organizadores.

A un año del hecho, el dolor permanece, pero también la convicción de que la única manera de honrar a las víctimas es transformar el duelo en acción y lograr que, en adelante, los intereses inmobiliarios no estén por encima de la seguridad, la ley ni la vida humana.

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