En un paso decisivo hacia la reorganización del sistema de transporte urbano, el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ultiman los detalles para formalizar el traspaso de 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro del territorio porteño. El acuerdo, que será suscripto mañana en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, busca garantizar una transición gradual, eficiente y sin sobresaltos en la gestión del servicio.
Este entendimiento institucional constituye un punto de inflexión en la relación entre ambas jurisdicciones en materia de transporte público. El acto de firma del Acta Acuerdo está previsto para las 11 de la mañana y representa el cierre de semanas de negociaciones entre los equipos técnicos de la Secretaría de Transporte de la Nación —dependiente del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo— y representantes de la administración de la Ciudad.
Una transferencia con impacto directo en la gestión
A partir de la firma, la Ciudad asumirá la responsabilidad sobre los recorridos, frecuencias, tarifas y planificación de estas líneas, hasta ahora bajo la órbita nacional. Esta transferencia de competencias forma parte de un proceso de descentralización que había quedado inconcluso desde 1994, cuando el control del transporte urbano pasó a ser competencia del Gobierno nacional mediante un decreto aún vigente.
El nuevo acuerdo contempla un período de transición de hasta seis meses, con el objetivo de evitar alteraciones abruptas en el servicio y brindar previsibilidad tanto a las empresas operadoras como a los usuarios. En este lapso, Nación y Ciudad coordinarán mecanismos conjuntos de implementación, fiscalización y eventual actualización tarifaria.
Fuentes del Gobierno porteño señalaron que “si el consenso se mantiene y se firma el acuerdo en los términos actuales, la tarifa no sufrirá modificaciones inmediatas, lo cual es clave para evitar un impacto negativo en los usuarios”. La intención de ambos gobiernos es postergar la discusión tarifaria, al menos hasta consolidar el esquema de subsidios que actualmente sostiene el servicio.
El debate por los subsidios: un eje central del convenio
Uno de los aspectos más sensibles de este traspaso es el financiamiento del sistema, especialmente en lo que refiere a los subsidios que amortiguan la diferencia entre el costo real del pasaje y lo que efectivamente abonan los pasajeros. Actualmente, la tarifa técnica por viaje es de $863, mientras que el usuario paga $371; el resto se cubre mediante subsidios conjuntos: 55% aportados por la Ciudad y 45% por Nación.
No obstante, el ministro Luis Caputo ha sido enfático en su decisión de retirar los subsidios nacionales desde septiembre, en sintonía con el criterio aplicado al interior del país, donde este tipo de asistencia fue eliminado en febrero. En este marco, la Ciudad debería absorber un déficit mensual de $8.500 millones si decide mantener sin cambios la tarifa.
El acuerdo que se firmará busca ofrecer un mecanismo de compensación transitoria para evitar un aumento automático del boleto a $642, lo que podría generar descontento social y una retracción del servicio por parte de las empresas. Asimismo, se analiza un esquema de subsidios focalizados, orientado a garantizar la sustentabilidad del sistema sin recurrir a aumentos generalizados.
Desigualdad tarifaria y nuevas responsabilidades para la Ciudad
Otra preocupación manifestada por el sector transportista tiene que ver con la eventual asimetría entre las tarifas de las líneas transferidas a la Ciudad y las 103 líneas nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que seguirán recibiendo subsidios de Nación. Estas últimas tienen cabeceras en CABA y en la provincia de Buenos Aires, y no están comprendidas en el acuerdo.
Este escenario podría derivar en una distorsión tarifaria dentro del mismo ámbito urbano, lo que provocaría tensiones operativas y desincentivaría el uso de ciertos ramales si la tarifa se encarece. A mediano plazo, será necesario revisar la equidad en la asignación de recursos para garantizar un sistema homogéneo y sin fragmentaciones.
Por otro lado, la Ciudad deberá evaluar si asume el sostenimiento del sistema de descuentos de la Red SUBE, que implica un costo adicional de $1.500 millones mensuales. Este beneficio —que ofrece un 50% de descuento en el segundo viaje y un 75% en el tercero, dentro de una ventana de dos horas— fue eliminado por Nación para los colectivos que operan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. La continuidad del esquema en la Ciudad dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de las decisiones políticas que se adopten en las próximas semanas.
Coparticipación, deuda acumulada y reclamos cruzados
El acuerdo de traspaso se produce en un contexto más amplio de tensiones entre la Ciudad y el Gobierno nacional, en particular en lo referente a la distribución de recursos coparticipables. A partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Economía comenzó a transferir semanalmente $20.000 millones a la Ciudad, en concepto de fondos coparticipables retenidos durante los últimos años.
No obstante, desde la administración de Jorge Macri aseguran que la deuda acumulada supera los $5 billones, por lo que reclaman una revisión integral del mecanismo de compensación. Este punto podría ser objeto de nuevas mesas de negociación, dado que la cuestión de los recursos financieros afecta directamente la capacidad de la Ciudad para afrontar nuevas responsabilidades como las derivadas del sistema de transporte.
Un cambio de paradigma en la política de transporte
La firma del acuerdo marca el inicio de una nueva etapa en la planificación y operación del transporte urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mayor autonomía y responsabilidad local. Al hacerse cargo de estas 31 líneas, el Gobierno porteño podrá adecuar recorridos, ajustar frecuencias en función de la demanda real, e incluso articular políticas de movilidad con iniciativas como el Metrobus, la red de ciclovías o el sistema Ecobici.
Desde la Ciudad afirman que la nueva etapa permitirá “una gestión más cercana, eficiente y alineada con las necesidades concretas de los vecinos”, aunque reconocen que el desafío financiero es significativo y exigirá creatividad y austeridad.
En el mediano plazo, también se evalúan posibilidades de modernización tecnológica, con la incorporación de unidades menos contaminantes, nuevos sistemas de fiscalización inteligente, y la optimización de los tiempos de espera mediante inteligencia artificial aplicada al análisis de datos del sistema SUBE.
Próximos pasos
Tras la firma del acuerdo, comenzará un proceso de articulación técnica y administrativa entre Nación y Ciudad, con reuniones periódicas para definir los detalles operativos del traspaso. La coordinación incluirá el traspaso de datos, auditorías, revisión de contratos vigentes con las empresas prestadoras y adecuaciones normativas necesarias para consolidar la competencia exclusiva de la Ciudad en el manejo de estas líneas.
Además, se habilitará una mesa de trabajo interjurisdiccional para monitorear la evolución de la implementación y resolver eventuales conflictos que puedan surgir durante el período de transición.