En una reciente declaración, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expresó su firme preocupación por el elevado costo del contrato de acarreo que opera en la ciudad. Según sus palabras, este servicio podría costar hasta 57 mil millones de pesos a lo largo de un periodo de diez años, lo que considera un gasto excesivo e insostenible para la administración porteña. Macri subrayó que la Ciudad no tiene la capacidad de asumir este compromiso financiero sin que ello implique un sacrificio en otras áreas del presupuesto. Las palabras del mandatario porteño generaron una gran controversia, sobre todo porque el contrato aún se encuentra pendiente de ejecución tras una preadjudicación a fines de 2023.

En un diálogo con LN+, Macri no dudó en calificar el sistema de acarreo de “exorbitante” y criticó el proceso de preadjudicación del mismo. En sus declaraciones, señaló que este acuerdo debe ser revisado a fondo, ya que implica un gasto muy por encima de lo razonable para la Ciudad. “Nos quedó una preadjudicación del acarreo en la Ciudad que, cuanto menos, amerita ser revisada, es carísima. La Ciudad no tiene la capacidad de sostener este contrato, para mí es escandaloso”, remarcó Macri, evidenciando su malestar frente al acuerdo.

La cuestión del acarreo y su alto costo

Este sistema de acarreo es uno de los servicios más polémicos que ha gestionado la Ciudad en los últimos años. Durante la administración anterior, bajo el mando de Horacio Rodríguez Larreta, el servicio había estado a cargo de las empresas SEC y STO, las cuales operaban bajo contratos con prórrogas vencidas desde el año 2001. Las condiciones de estos contratos generaron múltiples controversias a lo largo de los años, con quejas constantes por el maltrato de los vehículos remolcados, acarreos injustificados y hasta denuncias por excesos de velocidad. A pesar de los numerosos reclamos y de que el canon mensual que las empresas pagaban era ínfimo, tan solo $55.000, el servicio continuó funcionando de esta manera durante más de dos décadas.

En el año 2022, luego de un largo período de controversias y tras numerosas denuncias, la administración de Rodríguez Larreta decidió suspender las operaciones de estas empresas, tomando la gestión del sistema de acarreo bajo la órbita de la Ciudad. Este cambio fue un intento por modernizar el sistema y poner fin a las irregularidades que se habían acumulado en la operación del servicio durante los años anteriores. En consecuencia, se inició un proceso de licitación con el objetivo de reasignar la concesión del servicio a nuevas empresas. Este proceso, que comenzó hace aproximadamente un año y ocho meses, culminó en la preadjudicación del servicio en diciembre de 2023, con un monto total de 57 mil millones de pesos para un contrato de diez años. Sin embargo, a pesar de la preadjudicación, el proceso aún se encuentra paralizado y sigue siendo un tema central de debate en la ciudad.

Jorge Macri, al referirse a la situación, destacó la insostenibilidad de dicho contrato, considerando que los recursos disponibles en la Ciudad no son suficientes para asumir una carga económica tan grande, especialmente cuando se comparan con otros gastos prioritarios. La preocupación del jefe de Gobierno porteño no solo es por el monto en sí, sino por las implicaciones que un contrato de este tipo podría tener para el futuro de las finanzas públicas de la Ciudad. “Este contrato es una carga demasiado pesada para la Ciudad y hay que analizarlo con mucha profundidad. No podemos comprometer recursos a largo plazo de esta manera sin tener claro su impacto económico”, señaló.

El conflicto con el sindicato de Camioneros

La situación también se complica por el conflicto con el sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo y Pablo Moyano, que históricamente ha estado vinculado a la gestión del acarreo en la Ciudad. En las últimas semanas, los Moyano han lanzado una nueva amenaza de “dejar la Ciudad sucia” si no se cumplen ciertas condiciones relacionadas con el negocio de las grúas. Ante este panorama, Macri manifestó que desde el Gobierno porteño han mantenido un diálogo abierto tanto con las empresas como con los gremios, para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector. “Llamamos a las empresas y a los gremios y les dijimos que vamos a revisar el contrato y les garantizamos el empleo de los 350 trabajadores, pero ellos contestan con amenazas como ‘te aprieto con la basura'”, detalló Macri, haciendo referencia a la respuesta que recibieron de los representantes del gremio.

Aunque la situación parece tensa, el jefe de Gobierno subrayó que el compromiso del Gobierno de la Ciudad es proteger los puestos de trabajo de los empleados del sector, sin que esto implique comprometer la sostenibilidad económica del servicio ni permitir que se mantengan contratos leoninos que no benefician a los vecinos de Buenos Aires. “Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero no a ceder ante presiones que no son legítimas”, añadió Macri.

El proceso de licitación y las críticas a la preadjudicación

El proceso de licitación para la concesión del servicio de acarreo comenzó hace más de un año, cuando se decidió no renovar los contratos con las empresas que operaban el sistema. Este nuevo proceso de licitación tenía como objetivo asegurar un servicio más eficiente, transparente y acorde a las necesidades de la Ciudad. Sin embargo, el monto preadjudicado para el servicio, 57 mil millones de pesos, ha generado muchas críticas debido a su alto costo. En particular, se señala que, con ese dinero, podrían haberse implementado otras políticas públicas más urgentes, como mejorar el transporte público, el mantenimiento de las calles o invertir en otras infraestructuras clave para la Ciudad.

La falta de claridad en algunos aspectos del contrato, sumada a la ausencia de un proceso completamente transparente en la adjudicación de la concesión, ha hecho que diversos sectores de la oposición y la ciudadanía cuestionen la conveniencia de seguir adelante con el acuerdo. Las críticas han sido especialmente fuertes en torno a las condiciones económicas del contrato y el temor a que la ciudad termine pagando un precio mucho más alto del que debería por un servicio que, hasta ahora, no ha demostrado ser completamente eficiente.

La coparticipación y la situación financiera de la Ciudad

Otro tema clave que Jorge Macri abordó durante la entrevista fue el acuerdo alcanzado con el Gobierno Nacional de Javier Milei en relación con los fondos de coparticipación federal. Según el acuerdo, la Ciudad de Buenos Aires comenzará a recibir a partir del 1 de agosto un 2,95% de la coparticipación, un incremento respecto al 1,4% que venía recibiendo anteriormente. Macri destacó la importancia de este acuerdo, ya que la restitución de los fondos de coparticipación era una de las demandas más importantes de la administración porteña.

En sus declaraciones, Macri explicó que la Ciudad tuvo que hacer un esfuerzo importante durante los últimos meses debido a la falta de los fondos de coparticipación, lo que obligó a la administración porteña a recurrir a otros mecanismos para generar ingresos. “Durante seis meses, la Ciudad hizo un esfuerzo grande. Tuvimos que recurrir a impuestos como el que se cobraba sobre las tarjetas de crédito, pero eso ya no fue suficiente”, indicó Macri. Asimismo, agregó que el Gobierno de la Ciudad también utilizó recursos provenientes de impuestos sobre las Leliqs y otros instrumentos financieros, aunque esto se complicó cuando el Gobierno Nacional decidió retirar las Leliqs del mercado.

La importancia de la Corte Suprema

En su intervención, Macri también señaló que la resolución del conflicto de la coparticipación y la restitución de los fondos es clave no solo para la Ciudad, sino para todo el país. “Si no se cumplía el fallo de la Corte, no solo iba a ser un problema para nosotros, sino para todo el país. No acatar un fallo de la Corte Suprema es un daño a la estabilidad jurídica y a la confianza en el sistema judicial. Este gobierno, con Javier Milei, ha demostrado ser distinto, lo único que nos pidió fue tiempo para poder cumplir con el acuerdo”, señaló Macri, subrayando la importancia de que todos los gobiernos respeten las decisiones judiciales.

Jorge Macri enfrenta desafíos importantes tanto en la gestión del sistema de acarreo como en la relación con el Gobierno Nacional en cuanto a la coparticipación. Si bien la Ciudad ha logrado avances significativos en términos de la devolución de fondos de coparticipación, el tema del acarreo sigue siendo una piedra en el zapato para la administración porteña. A medida que el proceso de licitación avanza, la falta de transparencia y los altos costos siguen siendo una preocupación para los habitantes de la Ciudad, que esperan respuestas claras y eficientes por parte de sus autoridades.

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