La Ciudad de Buenos Aires vive por estos días un nuevo capítulo de tensión entre el poder judicial, los usuarios del transporte público y las autoridades porteñas, a raíz del significativo aumento en la tarifa del servicio de Subterráneos. La controversia escaló judicialmente con la presentación de un recurso de amparo por parte de legisladores y dirigentes sociales, al que ahora se han sumado estudiantes, trabajadores y residentes que, en carácter de “partes interesadas”, formalizaron su respaldo a la demanda ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, a cargo de la jueza Elena Liberatori.
La presentación responde directamente a una convocatoria realizada por la magistrada en el marco de la acción de amparo que busca impugnar el aumento tarifario, el cual fue definido por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) y autorizado por el Gobierno de la Ciudad a través de un esquema de aumentos progresivos que inició el 17 de mayo de 2024 y prevé nuevas subas en junio y agosto.
📚👷♀️🏠 Un apoyo amplio desde distintos sectores sociales
La particularidad de esta nueva instancia judicial es que sectores diversos de la ciudadanía decidieron intervenir formalmente en el expediente, asumiendo el rol de terceros interesados con el fin de aportar argumentos y evidencia que sustenten la necesidad de frenar el alza del pasaje. En la presentación conjunta, alumnos de nivel medio y universitario, trabajadores del sector público y privado, y vecinos autoconvocados manifestaron su profunda preocupación por el impacto económico del aumento y su adhesión a los fundamentos esgrimidos por los amparistas originales: Myriam Bregman, Alejandrina Barry, Patricio del Corro y Claudio Dellecarbonara, legisladores y referentes del Frente de Izquierda.
“El aumento propuesto por la Autoridad de Aplicación y el Gobierno será imposible de afrontar, por eso también vemos la importancia de un boleto educativo gratuito que nos ampare como parte de la comunidad educativa”, señalaron estudiantes nucleados en centros de estudiantes de universidades públicas y terciarios. La declaración apunta a la falta de una política tarifaria específica que contemple la situación socioeconómica de los sectores más vulnerables, en un contexto de alta inflación y recesión económica.
Desde el sector laboral, los representantes de organizaciones gremiales advirtieron que el nuevo cuadro tarifario afecta directamente el ingreso disponible de los trabajadores, muchos de los cuales utilizan el Subte como medio principal para trasladarse diariamente a sus empleos.
Por su parte, asociaciones vecinales plantearon que el acceso al transporte público “debe ser concebido como un derecho esencial en la vida urbana” y no como un servicio sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad.
⚖️ Una causa judicial con amplia repercusión
La jueza Liberatori, reconocida por su historial en causas de interés público, ya había dictado en su momento una medida cautelar que suspendía provisionalmente el aumento, argumentando que el proceso de determinación tarifaria había carecido de suficiente fundamentación y transparencia. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario revocó esa resolución, habilitando así la implementación inmediata del nuevo cuadro tarifario.
La decisión de la Cámara fue duramente cuestionada por los sectores que impulsan el amparo. En su opinión, el fallo desconoce el principio de razonabilidad que debe regir toda modificación en servicios públicos esenciales y vulnera el derecho de participación ciudadana, ya que se cuestiona la validez de la audiencia pública realizada como paso previo al ajuste.
💸 Un esquema tarifario escalonado y polémico
Desde el 17 de mayo, el boleto del Subte pasó de $125 a $574, lo que representa un incremento de más del 350%. Está previsto que en julio el valor ascienda a $667 y en agosto alcance los $757, con tarifas diferenciadas para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada. Este esquema ha sido presentado por SBASE como una medida necesaria para “equilibrar los costos operativos” frente al fuerte ajuste fiscal nacional y la reducción de subsidios.
No obstante, desde los sectores que impulsan el amparo se argumenta que no se ha proporcionado información suficiente sobre los costos reales del servicio ni se ha transparentado el destino de los fondos recaudados. Además, se advierte que los incrementos no van acompañados de mejoras sustanciales en la calidad del servicio, y que se aplican en un contexto económico crítico para amplios sectores sociales.
🗣️ La voz de la ciudadanía como motor de control institucional
La participación activa de estudiantes, trabajadores y vecinos en este tipo de procesos judiciales representa una señal del creciente interés cívico en el control de las decisiones gubernamentales que afectan directamente a la vida cotidiana. Más allá del resultado final del expediente, la presentación conjunta como “terceros interesados” visibiliza una demanda ciudadana más profunda: la necesidad de que las políticas públicas en áreas sensibles como el transporte sean diseñadas con criterios de equidad, sostenibilidad y transparencia.
“Queremos que se escuchen nuestras voces. No podemos quedarnos sin movilizarnos mientras suben tarifas que nos afectan todos los días. El Subte no es un lujo, es una necesidad para estudiar, trabajar y vivir en esta ciudad”, expresó Valentina, una estudiante de Filosofía de la UBA que firmó la presentación colectiva.
Por su parte, el dirigente gremial Héctor Robledo, presente en la conferencia de prensa posterior a la presentación judicial, manifestó: “No nos oponemos a discutir costos reales del sistema, pero exigimos que se haga con participación social, informes técnicos auditables y sin decisiones unilaterales”.El conflicto desatado por el incremento en el boleto del Subte ha reavivado un debate recurrente en torno al rol del Estado en la regulación de servicios públicos. En un contexto de crisis económica y fuerte deterioro del poder adquisitivo, la pregunta sobre quién paga el costo del transporte y en qué condiciones se vuelve cada vez más urgente.
La acción judicial en curso, que ahora cuenta con el apoyo de diversos sectores sociales, pone en el centro de la escena la necesidad de construir mecanismos de participación real que permitan a la ciudadanía incidir activamente en las decisiones que impactan su calidad de vida.
La próxima instancia procesal será clave: la jueza Elena Liberatori deberá evaluar los argumentos y evidencias presentados por los nuevos participantes, así como los informes remitidos por las autoridades del Ejecutivo porteño. Mientras tanto, la tensión continúa en las calles, en las redes y en los vagones repletos que, día a día, transportan no solo pasajeros, sino también demandas por un sistema de transporte más accesible, justo y democrático.
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