El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un amplio operativo de restauración urbana, con el objetivo de recuperar más de un centenar de fachadas dañadas durante distintas manifestaciones y movilizaciones realizadas en las inmediaciones del Congreso Nacional, a comienzos del presente año. Las tareas comenzaron el pasado 6 de marzo, y se centran especialmente en locales comerciales, viviendas y edificios afectados por grafitis, pegatinas, roturas y otros actos de vandalismo.
Esta intervención forma parte de una política pública orientada a revitalizar el espacio urbano, acompañar a los comerciantes y vecinos perjudicados y reafirmar el compromiso con el cuidado del entorno compartido.
Un radio de acción amplio y detallado
Los trabajos se están desarrollando en un área de 3 kilómetros cuadrados, que abarca calles y avenidas clave del barrio de Balvanera y alrededores del Congreso, entre Bolívar y Sáenz Peña (y su continuación Paraná), y entre las avenidas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Además, se incluyó un segundo sector comprendido por las calles Ayacucho y Sarandí, hasta Sáenz Peña y su prolongación Paraná, entre Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina.
Estas zonas fueron especialmente afectadas durante movilizaciones masivas, tales como las audiencias de apertura legislativa y la marcha por el Día Internacional de la Mujer, donde se registraron nuevamente pintadas, daños en frentes comerciales y alteraciones en la infraestructura urbana.
Un daño que trasciende lo simbólico
Según datos relevados por las distintas áreas del Ejecutivo porteño, las manifestaciones provocaron graves perjuicios materiales. Entre los más notables, se identificaron 57 locales comerciales con daños visibles en sus frentes, tales como cafeterías, librerías, cerrajerías, tiendas de indumentaria y restaurantes, entre otros rubros.
A esto se suman 27 edificios residenciales y de oficinas, y 23 espacios públicos o institucionales, entre los que se destacan dos iglesias, viviendas particulares y la sede central del partido Unión Cívica Radical (UCR), situada en cercanías del Congreso.
En total, se contabilizaron 93 grafitis y murales ilegales, 11 casos de cartelería o adhesivos, 6 frentes parcialmente destrozados para ser usados como proyectiles, además de varios episodios de destrucción de equipamiento urbano, como contenedores de residuos, bancos públicos, “chupetes” de publicidad y farolas. También se reportaron ventanas rotas y superficies con múltiples pintadas.
Una respuesta articulada y cercana al vecino
La restauración está siendo coordinada por la Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía, que articula directamente con los vecinos afectados. El enfoque del operativo no se limita a la restauración física de los daños, sino que contempla una respuesta integral, basada en el diálogo, la cercanía y la planificación conjunta con los damnificados.
La Dirección General de Competencias Vecinales y Talleres se encarga de llevar a cabo las tareas de reparación y pintura, mientras que el Gobierno porteño habilitó una vía de solicitud online para que los vecinos puedan pedir el servicio de restauración de frentes afectados:
👉 https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar/prestaciones
Declaraciones oficiales y posicionamiento del Gobierno
El secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, César Torres, enfatizó que el operativo busca devolver la normalidad y la estética a una de las zonas más transitadas de la ciudad, respetando la convivencia democrática y los derechos de todos:
“Estamos recuperando los frentes de los vecinos y comerciantes de Balvanera que fueron afectados. Acudimos de manera proactiva para decirles que íbamos a resolver el tema los primeros días de marzo y lo estamos cumpliendo. Tenemos que terminar con estas conductas que representan una pérdida para toda la sociedad. Debemos aprender a convivir en democracia respetando a los que piensan distinto; violentar la infraestructura urbana no es el camino”.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se manifestó al respecto en declaraciones recientes. En febrero, expresó su firme rechazo a los actos vandálicos ocurridos en la vía pública, particularmente durante la jornada de protesta contra la denominada Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno nacional.
“Los desmanes nos cuestan caro a todos los porteños. La limpieza, reparación y orden de la zona afectada por los violentos implican un costo total de $106.890.000. Vamos a hacerles pagar a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos”, afirmó.
Durante esa jornada, se registraron importantes destrozos: 15 contenedores de basura fueron destruidos, 35 cestos fueron arrancados o inutilizados, y se detectaron daños en adoquines, veredas, luminarias, buzones y bordes de aceras, lo cual generó trastornos en la circulación peatonal y vehicular, además de un claro deterioro en la calidad del espacio público.
El valor del espacio urbano como bien común
Desde la gestión de Jorge Macri se viene promoviendo una visión del espacio público como bien compartido, que requiere del compromiso activo tanto del Estado como de los ciudadanos para su conservación. La restauración de frentes y mobiliario urbano no sólo busca reparar lo físico, sino también reafirmar el valor de la convivencia, el respeto y la legalidad en el ejercicio de los derechos democráticos.
En ese sentido, las autoridades destacan que manifestarse es un derecho garantizado por la Constitución, pero que debe ejercerse sin violar las normas de convivencia ni perjudicar a terceros. “Reparar lo que otros destruyen no es sólo una obligación del Gobierno, sino una señal clara de que la violencia no es aceptable ni tolerada, y que el patrimonio urbano nos pertenece a todos”, concluyeron desde el Ministerio de Espacio Público.
Perspectiva a futuro y continuidad del plan
La restauración de los frentes dañados en Constitución forma parte de un plan más amplio de puesta en valor del espacio urbano porteño, que contempla mejoras en aceras, luminarias, plazas y fachadas en distintos barrios. La meta es que cada zona afectada por manifestaciones u ocupaciones indebidas sea restaurada con celeridad, y que los responsables, cuando corresponda, sean identificados y sancionados conforme a la ley.
La administración de la Ciudad anticipó que nuevas acciones similares se replicarán en otras áreas afectadas, como Congreso, Plaza de Mayo, Plaza Lavalle y zonas aledañas a terminales de transporte público.
Con estos esfuerzos, el Gobierno busca consolidar una ciudad ordenada, accesible y democrática, donde los derechos de todos se equilibren con responsabilidades compartidas.