El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció que el sistema de salud pública porteño comenzará a dar prioridad en la atención a los pacientes que residan en la Capital Federal, aunque aclaró que aún no se ha definido una fecha concreta para la implementación de esta nueva directriz. La medida busca, según explicó, establecer una distribución más equitativa de la carga sanitaria entre las distintas jurisdicciones, especialmente ante lo que considera una “grave desinversión” en salud por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Macri fue contundente:
“No puede ser que alguien con dolor de panza se tome tres colectivos porque en su municipio no lo atienden. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero tenemos un límite”.
Estas afirmaciones se dan en el marco de una creciente preocupación del gobierno porteño respecto a la saturación del sistema hospitalario local, alimentada por la demanda de pacientes provenientes del conurbano bonaerense y otras regiones del país. En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad señaló la necesidad de que cada jurisdicción asuma la responsabilidad de brindar servicios de salud adecuados a su población.
“Necesitamos que la Provincia asuma su responsabilidad en salud en su lugar de origen”, manifestó un vocero del Ejecutivo porteño, marcando una posición que apunta directamente a la gestión sanitaria del gobierno bonaerense.
Un conflicto de larga data
El debate sobre la atención de pacientes no residentes en la red hospitalaria de la Ciudad de Buenos Aires no es nuevo. Desde hace más de una década, distintas gestiones han planteado la necesidad de regular o coordinar de manera más eficiente la prestación de servicios de salud entre la Capital y la Provincia. La discusión volvió a tomar fuerza en los últimos días tras la viralización de un video grabado en el Hospital Argerich, en el que un médico expresaba su frustración por la falta de recursos para cubrir la creciente demanda de pacientes de otras jurisdicciones.
La problemática es compleja y tiene múltiples aristas. Por un lado, los hospitales públicos de la Ciudad ofrecen atención gratuita y de alta calidad, lo que los convierte en un polo de referencia para miles de personas que viven fuera de la Capital. Según estimaciones no oficiales, hasta el 40% de los pacientes atendidos en algunos hospitales porteños provienen de la Provincia de Buenos Aires. Esto genera una carga adicional sobre los recursos humanos, materiales y presupuestarios del sistema de salud local.
Por otro lado, muchos de estos pacientes trabajan en la Ciudad y pagan impuestos que terminan fortaleciendo las arcas porteñas, lo cual ha sido uno de los principales argumentos en defensa de la atención irrestricta. Además, la mayoría de los hospitales públicos porteños fueron construidos y financiados con fondos del gobierno nacional, lo que refuerza la visión de que deben cumplir una función federal más allá de las fronteras administrativas de la Ciudad.
“El sistema tiene un límite”
Jorge Macri fue enfático al señalar que, si bien la Ciudad continuará prestando servicios de urgencia a quienes se encuentren en situaciones críticas o de riesgo vital, la prioridad estará centrada en “los vecinos que sostienen el sistema público”, es decir, aquellos que residen y tributan dentro del territorio porteño. Esta postura, que ha sido respaldada por varios funcionarios del gabinete local, apunta a garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y sostenible en beneficio de quienes más aportan al sistema.
“Estamos comprometidos con la salud pública, pero el sistema tiene un límite. No se puede seguir sosteniendo una situación donde otras jurisdicciones derivan pacientes sistemáticamente sin corresponsabilidad institucional”, agregó el jefe de Gobierno.
La iniciativa no solo busca aliviar la presión sobre los hospitales de la Ciudad, sino también generar un debate más amplio sobre la federalización de la salud pública en Argentina. La falta de coordinación entre niveles de gobierno, las asimetrías en inversión sanitaria y la ausencia de un sistema nacional de compensaciones entre provincias han llevado a una situación en la que algunas jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, terminan absorbiendo una parte desproporcionada de la demanda de atención médica.
Reacciones y consecuencias
La propuesta aún no ha sido implementada formalmente, pero ya ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores la apoyan como una medida necesaria para defender los recursos locales, otros la critican por considerar que puede violar el principio de universalidad del acceso a la salud pública.
Desde el oficialismo porteño se indicó que no se trata de excluir a nadie, sino de establecer criterios de prioridad en un contexto de recursos finitos. La atención médica en situaciones de emergencia o urgencia seguirá siendo brindada a todas las personas, independientemente de su lugar de residencia. Sin embargo, en casos programados o no críticos, se buscará dar preferencia a quienes vivan en la Ciudad.
Aún no está claro cómo se instrumentará esta política en la práctica: si se requerirá comprobante de domicilio, si se aplicará en todos los hospitales por igual o si se establecerán protocolos diferenciados según el tipo de atención. Tampoco se ha determinado desde qué fecha comenzará a regir la priorización.
Una oportunidad para replantear el sistema
La controversia expone la necesidad de un diálogo interjurisdiccional más profundo. Para muchos especialistas en salud pública, la solución pasa por avanzar hacia un sistema nacional de salud integrado, donde el financiamiento, la planificación y la atención sean responsabilidad compartida por el Estado nacional y los gobiernos provinciales, en lugar de cargar exclusivamente sobre algunas jurisdicciones.
Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para redefinir los criterios de acceso a sus servicios de salud, con el objetivo de proteger la sostenibilidad del sistema y responder con mayor eficacia a las necesidades de su población.