Un proyecto de ley presentado por Clara Muzzio, actual vicejefa de gobierno electa en la ciudad de Buenos Aires, ha generado un gran revuelo en la sociedad porteña. El proyecto propone la imposición de multas de más de 100.000 pesos a quienes manipulen “contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos”. Además, también se establecen sanciones para aquellos que saquen la basura fuera del horario estipulado, es decir, entre las 19 y las 21 horas, con penalizaciones que oscilan entre los 14.446 pesos y 144.660 pesos. Este proyecto ha generado una respuesta negativa tanto por parte de organizaciones sociales como de la oposición parlamentaria, lo que llevó a que el punto de discusión fuera retirado de la agenda de la Legislatura Porteña para su tratamiento este miércoles.
Un Proyecto de Ley Punitivo
El proyecto, que forma parte de una reforma al Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, introduce un concepto denominado “reparación verde” y “infracciones ambientales”, añadiendo nuevas sanciones por acciones vinculadas con la higiene urbana y el daño al espacio público. Según el texto del proyecto, las multas podrían llegar hasta los 101.262 pesos para quienes manipulen o revisen los residuos en los contenedores, y se establece un rango de sanciones para quienes retiren la basura fuera del horario estipulado.
Este tipo de propuestas tiene como objetivo regular el comportamiento de los vecinos con respecto a la disposición de residuos, pero han generado un fuerte debate sobre su efectividad y sobre la percepción de justicia social que podría implicar. Para muchos, este tipo de medidas no hace más que criminalizar la pobreza y las situaciones de exclusión social.
Críticas de las Organizaciones Sociales
La Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (FACCYR) fue una de las organizaciones que se pronunció en contra del proyecto. En un comunicado difundido el 26 de octubre, la FACCYR expresó su sorpresa al conocer el contenido de la propuesta. Los trabajadores de la economía popular, principalmente aquellos vinculados al reciclaje y al cartoneo, se manifestaron preocupados por el impacto que este proyecto podría tener en las familias más vulnerables.
En su declaración, la FACCYR sostiene que multar a quienes revisan los contenedores no hace más que agravar la situación de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema y que recurren a los residuos como una forma de sobrevivir. En palabras de sus representantes, “los pobres, los desamparados, no son responsables de la situación de exclusión que les toca vivir, y una multa no va a cambiar esa realidad”. Además, argumentan que el proyecto no aborda de manera efectiva las causas de la exclusión social y la falta de recursos, sino que simplemente criminaliza las circunstancias en las que viven muchas personas.
¿Una Respuesta Punitiva?
Las críticas a este proyecto no se limitan solo a las organizaciones sociales. La oposición parlamentaria también se mostró en desacuerdo con la medida, considerando que esta propuesta pone en evidencia una mirada simplificadora sobre un problema mucho más complejo que la simple manipulación de residuos.
El problema de la basura en la ciudad, argumentan muchos, no tiene solo que ver con el comportamiento de las personas, sino con un sistema estructural de exclusión social y desigualdad económica. Muchas de las personas que manipulan los residuos no lo hacen por gusto, sino por necesidad, ya sea en busca de material reciclable para su trabajo o alimentos desechados por comercios. Como señala FACCYR, se trata de personas que en muchos casos dependen de esta actividad para su subsistencia. Penalizarlas con multas elevadas no solo no resolvería el problema, sino que agravaría su situación.
La Respuesta del Gobierno Porteño
El proyecto que fue presentado por Clara Muzzio, vicejefa de gobierno electa de Jorge Macri, ha sido suspendido de la agenda de la Legislatura Porteña, aunque el debate sobre el mismo sigue latente. La medida fue retirada ante el fuerte rechazo de diversas organizaciones sociales, pero no significa que haya sido abandonada. Desde la coalición oficialista, la propuesta de imponer sanciones punitivas ante la manipulación de residuos sigue siendo una opción que podría retomarse en el futuro.
Desde el bloque oficialista, se defendió la necesidad de regular el manejo de residuos para mantener el orden en la ciudad, y en algunos casos, la salud pública. El gobierno porteño insiste en que el proyecto busca garantizar un ambiente más limpio y seguro para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
La Perspectiva Internacional: Un Debate Abierto
El enfoque punitivo que propone el proyecto de ley se asemeja al adoptado en algunas ciudades de países como Estados Unidos, donde las sanciones por la manipulación de residuos pueden alcanzar cifras elevadas. Sin embargo, los modelos de sanción en estos países suelen estar más enfocados en las normas ambientales que en la criminalización de personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las críticas apuntan a que las multas podrían ser un castigo desproporcionado para quienes ya enfrentan condiciones de vida precarias.
En países como Estados Unidos, las sanciones por mezclar reciclables con residuos orgánicos pueden oscilar entre los 320 y 9.000 dólares, lo que es un ejemplo de las políticas punitivas aplicadas en algunas ciudades. Sin embargo, los expertos en políticas públicas sostienen que las soluciones a problemas de reciclaje y residuos deben involucrar estrategias integrales, que incluyan tanto la educación como la inclusión social de las personas que trabajan en el reciclaje informal.
Hacia una Solución Inclusiva
La crítica central al proyecto de Clara Muzzio no solo radica en la cantidad de la multa, sino en el enfoque punitivo que subyace en la propuesta. Los movimientos sociales y las organizaciones de trabajadores cartoneros exigen un cambio de enfoque, sugiriendo que el gobierno porteño debería trabajar en políticas públicas que busquen incluir a las personas que hoy se ven obligadas a rebuscar entre los residuos como una forma de trabajo informal.
En lugar de multar, las organizaciones proponen crear espacios de trabajo inclusivos donde los trabajadores recicladores puedan desempeñarse de forma más segura y digna. Además, consideran que la concientización sobre la separación de residuos y la reciclabilidad debería ser parte de una política integral que también impulse la creación de empleos en el sector del reciclaje, en vez de continuar con un enfoque punitivo que agrava la situación de los más vulnerables.
La Necesidad de un Debate Más Profundo
En conclusión, el proyecto de ley que propone imponer multas a quienes manipulen los residuos generó un fuerte rechazo y dejó en evidencia la necesidad de un debate más profundo sobre la política de gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones sociales han pedido que el proyecto se retire y se discuta abiertamente en la sociedad, con audiencias públicas y consultas a los actores involucrados.
Las políticas públicas en cuestiones de reciclaje y disposición de residuos deben ir más allá de las sanciones. La inclusión social y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores cartoneros deben ser una prioridad en la construcción de una ciudad más equitativa, donde se resuelvan los problemas estructurales de pobreza y exclusión social, y no se siga criminalizando la supervivencia de los más vulnerables.