El 1º de noviembre de 2023 marcó un hito significativo en la lucha de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón. El decreto 571/2023, publicado en el Boletín Oficial, declaró oficialmente el ex boliche Cromañón como Monumento Histórico Nacional, y, de manera complementaria, resolvió declarar al espacio conocido como Paseo de Los Pibes de Cromañón como Lugar Histórico Nacional. Además, la Colección Cromañón, que está alojada en el Archivo Nacional de la Memoria, fue reconocida como Bien de Interés Histórico Nacional. Esta disposición fue firmada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi, y el ministro de Cultura Tristán Bauer.
La Conquista en la Larga Lucha de la Memoria
La noticia, que rápidamente recorrió diferentes medios de comunicación, representa una victoria histórica para los sobrevivientes y las familias de las víctimas de la tragedia, que a poco menos de cumplir 19 años del siniestro ocurrido en el 2004, sienten que su constante lucha por la memoria y el justicia ha alcanzado un resultado tangible. Tras casi dos décadas de batallas legales y sociales, el decreto implica un importante reconocimiento a la memoria colectiva, preservando no solo el sitio sino también la historias de las víctimas.
Para muchas de las víctimas y sus familiares, esta designación pone un freno a la desmemoria que por años intentó sepultar la tragedia, dando lugar a una reivindicación de la memoria histórica que nunca debió ser olvidada. El reconocimiento oficial tiene un doble impacto: primero, al darle al edificio el estatus de monumento histórico, y segundo, al consolidar un espacio de memoria que pueda servir como lugar de reflexión y de reconocimiento de las víctimas.
Críticas al Uso del Término “Tragedia” en el Decreto
Sin embargo, no todo fue celebración. Una de las principales críticas que surgieron del entorno de los sobrevivientes y las familias de las víctimas fue la denominación del evento en el decreto. Aunque este acto oficial constituye un avance en la memoria histórica, los familiares y sobrevivientes lamentaron que el decreto no reconozca lo sucedido como una masacre, sino como una simple tragedia.
El término “masacre” es considerado por muchos de ellos como el nombre correcto para describir lo ocurrido en Cromañón, debido a las condiciones negligentes en que se llevó a cabo el evento y la falta de seguridad que provocó la muerte de 194 personas y dejó a más de 1.400 personas heridas. Para muchos familiares, utilizar el término “tragedia” en lugar de “masacre” representa una forma de borrar la responsabilidad de aquellos que contribuyeron a que se produjera el desastre.
Cabe señalar que, a lo largo de estos años, los sobrevivientes y sus familiares han insistido en que no se trató de un accidente sino de una acción criminal de los organizadores del evento y las autoridades que permitieron que se llevara a cabo un recital en un lugar sin las mínimas condiciones de seguridad. La discusión sobre cómo nombrar este hecho ha sido una de las más tensas a lo largo de estos años, y muchos siguen pidiendo justicia para las víctimas y castigo para los responsables.
El Caso de la Ley de Expropiación: Un Paso Pendiente
A pesar de que este decreto es un importante paso en el reconocimiento y la memoria histórica, sobrevive una deuda pendiente: la reglamentación de la ley de expropiación del edificio de Cromañón. Esta ley, que cumplió un año el pasado 22 de octubre, fue aprobada por el Congreso Nacional en 2022 y establece la necesidad de expropiar el inmueble para que finalmente se convierta en un espacio público y de memoria.
La falta de reglamentación de esta ley sigue siendo un obstáculo importante. A pesar de los avances obtenidos con el decreto, el inmueble todavía no ha sido declarado público, y por lo tanto no puede ser transformado en un espacio oficial que sirva para la educación y la memoria de lo sucedido. Para los sobrevivientes y las familias, esta reglamentación es crucial, ya que de esta manera se garantizaría que el lugar se convierta en un símbolo permanente de lo que ocurrió y que nunca se olvide.
La falta de un espacio de memoria oficial también se ve como un acto de negligencia por parte de las autoridades, quienes, a pesar de las promesas realizadas, no han logrado materializar la voluntad política de preservar el lugar como un sitio de recuerdo para las generaciones futuras.
La Larga Larga Lucha por la Justicia
Para los sobrevivientes y las familias de las víctimas, la lucha no solo ha sido por reconocer lo ocurrido, sino por lograr que se haga justicia. La violencia institucional que se vivió durante el hecho y las ineficiencias de las autoridades responsables han sido una constante. Las familias han señalado reiteradamente que se trató de una masacre evitable que fue causada por la irresponsabilidad de los organizadores del evento, las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad.
El decreto que declara a Cromañón Monumento Histórico Nacional es un paso importante, pero no suficiente. En muchos sentidos, esta lucha sigue siendo una batalla diaria para que las víctimas y sus familiares encuentren respuestas y que las responsabilidades de este hecho nunca queden impunes. Además de la lucha por la expropiación del lugar, el proceso judicial continúa siendo una preocupación central, ya que muchos de los responsables del desastre aún no han sido adecuadamente castigados.
Además, los sobrevivientes también han exigido que se fortalezcan las políticas públicas en materia de seguridad en los espacios de entretenimiento, para que tragedias como la de Cromañón no se repitan en el futuro. La falta de control de seguridad en locales de espectáculos sigue siendo una preocupación latente, y muchas de las leyes y normativas prometidas para evitar incidentes similares aún están lejos de ser implementadas adecuadamente.
Un Espacio de Memoria Necesario para las Futuras Generaciones
A pesar de todas las dificultades, la lucha sigue siendo una constante. Los sobrevivientes y las familias no solo buscan justicia, sino que desean que las nuevas generaciones comprendan lo ocurrido en Cromañón. Para ellos, la memoria histórica es un imperativo moral, para que lo sucedido no se repita, pero también como una forma de honrar la vida de aquellos que ya no están. Cromañón representa una cicatriz profunda en la memoria colectiva de la Argentina, y la lucha por la justicia continúa siendo una prioridad para quienes vivieron el horror de aquella noche trágica.
El decreto 571/2023 es solo un paso en el largo camino hacia la reparación, pero está claro que el trabajo de las familias y sobrevivientes de la tragedia continúa. Su lucha incansable por la memoria, la justicia y la expropiación del edificio seguirá siendo un pilar fundamental hasta que se logren todos los objetivos propuestos. El reconocimiento del ex boliche Cromañón como Monumento Histórico Nacional y la declaración del Paseo de Los Pibes como Lugar Histórico Nacional son victorias que no solo apuntan a rendir homenaje a las víctimas, sino también a seguir exigiendo justicia y la responsabilidad de los que permitieron que esa tragedia se produjera.