En un giro inesperado, un conjunto de más de 100 familias que ocupan el edificio “Casa Santa Cruz 140” en el barrio porteño de Parque Patricios, ha logrado posponer el desalojo que estaba previsto para el martes 31 de octubre. Este acuerdo fue alcanzado luego de una serie de intensas negociaciones y establece la creación de una mesa de trabajo que contará con un plazo máximo de seis meses para encontrar una solución definitiva a la situación habitacional de las familias involucradas.
Historia del edificio y los conflictos legales
El conflicto comenzó hace más de 13 años, cuando las familias ocuparon el inmueble “Casa Santa Cruz 140”, un edificio que originalmente fue propiedad de la fábrica de toallas Selsa, una empresa que quebró en el año 2004. La planta y el edificio quedaron en desuso tras el colapso económico de la compañía. En 2010, el inmueble fue subastado y adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny. Desde ese entonces, el nuevo propietario ha iniciado una serie de juicios para lograr el desalojo de las familias que habitaban el lugar.
Este proceso judicial de desalojo ha sido largo y tortuoso, pues se ha extendido por más de una década, con un litigio que ha llegado hasta el Juzgado en lo Civil N° 60. La situación fue pasando de un litigio legal a una crisis social, pues más de 350 personas residían en el edificio, convirtiéndolo en un hogar que ha sido la única opción habitacional para muchas familias en una ciudad donde la oferta de viviendas es insuficiente y cada vez más costosa.
El acuerdo de suspensión y la mesa de trabajo
El reciente acuerdo alcanzado entre las partes involucradas ha logrado posponer el desalojo que estaba previsto para el 31 de octubre, gracias a la mediación activa del gobierno porteño, que ha ofrecido abrir una mesa de trabajo con un plazo de seis meses. Durante este tiempo, se espera encontrar una solución habitacional alternativa para las familias, lo que podría incluir la posibilidad de que permanezcan en el edificio hasta que se definan otras opciones viables.
La clave del acuerdo radica en la disposición del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para negociar con el propietario y asegurar que las familias permanezcan en el inmueble mientras se avanzan en las soluciones habitacionales. Para esto, el gobierno porteño ha acordado el pago de un canon mensual al propietario, Leonardo Ratuschny, con el objetivo de permitir que las familias continúen en el edificio mientras se resuelven sus situaciones de vivienda.
Jorge Abasto, referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, celebró este acuerdo al considerar que fue el resultado de un proceso de lucha y resistencia de las familias, y un logro en su intento por garantizar su derecho a un hogar digno. “Es un desenlace positivo para los integrantes de la Casa y es el resultado de la lucha que venimos llevando”, destacó Abasto. Esta declaración de Abasto refleja el sentido de victoria temporal alcanzado por las familias, quienes han sido fundamentales en la visibilidad de la problemática habitacional en la ciudad.
La lucha de las familias y su resistencia
Desde hace más de una década, las familias ocupantes, organizadas en la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco, han luchado incansablemente por defender su derecho a la vivienda. Durante todo este tiempo, no solo han enfrentado el juicio por desalojo, sino que también han tenido que lidiar con la incertidumbre de no saber si serían expulsados del lugar y dejados en la calle.
Las familias se organizaron, realizaron protestas, y pidieron apoyo de organizaciones sociales y políticas, exigiendo soluciones habitacionales reales que pudieran garantizarles un lugar donde vivir. Su principal demanda ha sido siempre la vivienda digna, algo que, según ellos, les ha sido arrebatado por el alto costo de las viviendas en la ciudad, la falta de políticas públicas efectivas en cuanto a la regulación del mercado inmobiliario, y la especulación con la tierra.
A través de un comunicado, las familias expresaron su firme determinación de resistir el desalojo. En su mensaje, dejaron claro que no estaban dispuestas a abandonar el único hogar que han tenido durante todos estos años. “Nos negamos a que nos expulsen de nuestro centro de vida, a un subsidio habitacional insuficiente, a que nuestros hijos no puedan ir más al colegio del barrio y más aún, que nos desalojen con la fuerza pública dejándonos en la calle. Sin soluciones, nos vemos obligados nuevamente a resistir. ¡Vivienda sí, desalojo no!” manifestaron.
Este tipo de expresiones reflejan el contexto de tensión que vivían las familias antes de este acuerdo, y la manera en que estas familias, como muchas otras en la ciudad, se ven abocadas a resistir para no ser desplazadas a una situación aún más precaria, sin garantías ni protección en el acceso a la vivienda.
Actores clave en el acuerdo
El acuerdo que suspendió el desalojo no solo fue el resultado de las negociaciones entre el gobierno porteño y el propietario, sino también del apoyo activo de legisladores nacionales y porteños, de organizaciones sociales y del Instituto de la Vivienda porteño. El proceso contó con la intervención de diversos actores sociales y políticos, entre ellos Marisa Graham, Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y Gustavo Moreno, asesor tutelar, quienes defendieron los derechos de los niños y niñas que habitan el edificio.
Este conjunto de actores, además de las organizaciones sociales y las agrupaciones políticas que apoyaron la causa, permitió que se llevara a cabo un trabajo conjunto que priorizó las necesidades de las familias ocupantes sobre los intereses de los propietarios del inmueble.
El futuro y los próximos pasos
El acuerdo alcanzado, aunque representa un respiro temporal para las familias, no ha solucionado el problema habitacional de fondo. Las familias continúan a la espera de una solución definitiva a sus necesidades, que podría involucrar desde la posibilidad de permanecer en el edificio hasta la asignación de viviendas sociales en otros lugares.
En los próximos meses, las negociaciones continuarán a través de la mesa de trabajo que se ha establecido. Durante este período, se espera que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con el gobierno nacional, encuentren una solución que garantice la estabilidad habitacional de estas familias, sin tener que recurrir al desalojo. Esta mesa de trabajo también permitirá buscar alternativas de vivienda digna para las familias que han sido desplazadas en otras ocasiones por procesos de especulación inmobiliaria.
Por otro lado, este acuerdo es también un llamado de atención sobre el problema generalizado de la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde miles de personas siguen viviendo en condiciones precarias o en situaciones de vulnerabilidad habitacional. El caso de las familias de Casa Santa Cruz 140 refleja la necesidad urgente de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos, sobre todo aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
Este acuerdo no solo ha evitado un operativo policial masivo, sino que ha dado un respiro a las más de 100 familias que habitan el edificio “Casa Santa Cruz 140”, y que han luchado incansablemente por conseguir una solución habitacional. Sin embargo, el camino por recorrer sigue siendo largo, y el acuerdo es solo un primer paso en la resolución de un conflicto que refleja las tensiones del mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución definitiva de este conflicto dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos meses, en un contexto donde la vivienda digna es un derecho fundamental que muchas personas aún no logran acceder.