En lo que constituye un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana, el Riachuelo se encuentra, según autoridades de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), en condiciones propicias para permitir la navegación. Así lo aseguró Antolín Magallanes, director de Gestión Política y Social del organismo, quien indicó que solo resta la correspondiente aprobación judicial para oficializar esta nueva etapa de uso del cauce hídrico.
El anuncio no solo representa un cambio radical en la imagen que históricamente se ha tenido del Riachuelo como uno de los ríos más contaminados de América Latina, sino que también constituye un símbolo del progreso alcanzado en el proceso de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Este avance, que durante décadas pareció lejano e incluso inalcanzable, se convierte ahora en una oportunidad tangible para el desarrollo ambiental, social y económico de la región.
Las declaraciones de Magallanes se produjeron en un contexto particular: durante una jornada de acompañamiento a familias recientemente desalojadas en la zona ribereña. En esa ocasión, el funcionario fue brevemente detenido, lo que generó revuelo y puso en foco la complejidad de las tensiones sociales en torno al acceso al hábitat. Sin embargo, la noticia sobre el estado del Riachuelo logró destacarse como uno de los anuncios más alentadores en materia de gestión ambiental urbana de los últimos años.
La histórica “Causa Mendoza”: el origen de un fallo ejemplar
Para comprender en profundidad el significado de este avance, es indispensable retroceder hasta el año 2004, cuando un grupo de habitantes de la cuenca presentó una demanda judicial contra el Estado Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas privadas. Esta acción legal exigía la restauración del ambiente, la creación de un fondo específico para el financiamiento de obras de limpieza, y el resarcimiento por los daños provocados por décadas de desidia y contaminación.
A lo largo del proceso judicial, la causa se fue ampliando hasta incluir a los catorce municipios que conforman la cuenca, bajo el expediente “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.
Finalmente, el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo de gran trascendencia institucional y ambiental. En esa resolución, el máximo tribunal del país estableció las responsabilidades y delineó un programa que debía ser ejecutado por ACUMAR, con tres objetivos centrales: elevar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca, restaurar el entorno natural en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y prevenir posibles daños futuros mediante medidas predecibles y razonables.
Un plan integral con control ciudadano
Como parte de ese fallo, la Corte ordenó la conformación de un Cuerpo Colegiado de seguimiento y control, integrado por el Defensor del Pueblo de la Nación y cinco Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con trayectoria y compromiso ambiental. Entre ellas se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Vecinos de La Boca y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).
Estas entidades han sido fundamentales para garantizar la transparencia en la ejecución del Plan de Saneamiento Integral. Su rol no ha sido meramente testimonial, sino que ha implicado una participación activa en la supervisión de obras, la elaboración de informes y la denuncia de incumplimientos, así como también el acompañamiento a comunidades afectadas.
El Riachuelo, símbolo de una recuperación que parecía imposible
Durante décadas, el Riachuelo fue considerado un caso emblemático de contaminación industrial y abandono estatal. Su transformación, por tanto, no solo tiene un valor ambiental, sino también simbólico: demuestra que con voluntad política, planificación estratégica, financiamiento sostenido y participación ciudadana, es posible revertir incluso las situaciones más degradadas.
En este sentido, Magallanes subrayó que “la mayoría de los ríos en el mundo están contaminados, pero pocos tienen un plan integral de saneamiento como el que se está llevando adelante en la Argentina”. Además, destacó que los avances alcanzados durante los últimos años son aún más relevantes si se tiene en cuenta que muchas de las obras se ejecutaron en el contexto adverso de la pandemia de COVID-19.
Gracias a créditos internacionales, especialmente del Banco Mundial, se lograron financiar intervenciones clave en infraestructura sanitaria y cloacal, obras indispensables para detener el flujo de desechos al río y mejorar las condiciones de vida de miles de personas que habitan en las cercanías de la cuenca.
De espacio degradado a vía navegable
El hecho de que el Riachuelo pueda volver a ser navegado no es una simple anécdota o curiosidad. Se trata de una reconquista del espacio público y de la relación histórica entre la ciudad y el río. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el Riachuelo fue una arteria clave para el comercio y el transporte fluvial, vital para el desarrollo del puerto y de los barrios del sur de la ciudad.
Con el avance de la industrialización y la falta de regulaciones ambientales, su cauce se transformó en un vertedero a cielo abierto. La posibilidad de que embarcaciones puedan circular nuevamente por sus aguas implica no solo un cambio ecológico, sino también urbanístico y cultural. Es el retorno de una relación que había sido cortada por el abandono, la contaminación y la exclusión social.
La habilitación oficial, que depende de una decisión judicial, abriría el camino para nuevas actividades recreativas, educativas y turísticas. Ya se especula con la creación de circuitos fluviales, paseos en botes, actividades deportivas e incluso el desarrollo de una identidad ribereña renovada para los barrios adyacentes.
Una deuda histórica que empieza a saldarse
Si bien queda mucho por hacer —sobre todo en términos de relocalización de familias en situación de riesgo, control de vertidos industriales y limpieza total de márgenes—, la posible apertura del Riachuelo a la navegación marca un antes y un después en el largo camino de la recuperación ambiental.
El compromiso institucional de ACUMAR, el respaldo de la Corte Suprema, el financiamiento internacional y la participación activa de las OSC han hecho posible este logro que, años atrás, parecía utópico. El caso del Riachuelo se proyecta como modelo replicable para otras cuencas urbanas del país que enfrentan problemáticas similares.
Lo que antes era sinónimo de contaminación, enfermedad y olvido, hoy se presenta como un escenario de transformación, inclusión y futuro sostenible. La historia del Riachuelo está cambiando, y con ella, también se transforma la manera en que los ciudadanos piensan, habitan y se vinculan con su territorio.